Desde la provincia de Chubut, el Foro Ambiental y Social Patagónico (FASP) inició una campaña en defensa de la Ley 5.001. La norma prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción. La iniciativa surge en respuesta a la intención del Estado provincial de derogar la ley.
«La campaña consiste en ir juntando la opinión ya manifiesta de la gente en relación al tema de la minería en la provincia», explicó Fabián García, uno de los integrantes del FASP en la ciudad chubutense de Trelew.
El FASP es un espacio surgido para el «análisis de los problemas ambientales y sociales que afectan a la región» y para la «vigilancia de las actividades mineras, grandes obras públicas y protección de las cuencas hídricas en el sur del país».
García dijo que si bien la Ley 5.001 impide algunos tipos de explotación, las empresas mineras «encontraron el vericueto de que podían seguir explorando, que es lo que pasa hoy en Navidad». Navidad es considerado uno de los mayores reservorios de plata del mundo.
Las organizaciones manifestaron su total desacuerdo con el Proyecto Navidad y con los emprendimientos extractivos a cielo abierto que utilicen sustancias tóxicas. El reclamo del foro patagónico fue dirigido a todos los los poderes del Estado provincial.
Asimismo, el FASP denunció la inconstitucionalidad de este tipo de proyectos por ser violatorios del artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, fueron señalados como «perjudiciales para el desarrollo sustentable, el ambiente y la salud de las poblaciones». Afirmaron que la megaminería produce un «grave deterioro» de las economías regionales.
García aseguró que existen muchas otras formas de que la provincia «avance»: «Está el tema de la producción de lanares, el aprovechamiento total de tejidos». El activista detalló que Chubut tiene una meseta «donde sopla muchísimo viento y se pueden hacer emprendimientos de ese tipo».
Por último, desde el foro solicitaron que las poblaciones sean consultadas e informadas antes de poner en marcha proyectos de esta índole, exigieron la anulación de los emprendimientos y la remediación de los territorios «ya explotados».
