El Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, anunció hoy (jueves 21 de enero) que el salvoconducto otorgado al Presidente Manuel Zelaya para que abandone el país hacia República Dominicana, el próximo 27 de enero cuando se instale el nuevo gobierno, está sujeto a un “riguroso análisis a fin de verificar si se ha cumplido con el estamento jurídico hondureño”, y en caso de suceder lo contrario, “se deducirán responsabilidades penales al Poder Ejecutivo”, encabezado por Lobo Sosa, quien ha sido el propulsor de esta iniciativa.
Rubí insistió que después de revisar el documento donde Lobo y el Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, se han comprometido a conceder el salvoconducto al legítimo gobernante, se pronunciará al respecto y recalcó que Zelaya “aun tiene cuentas pendientes con la justicia”.
El titular del Ministerio Público (MP), ha respondido con inmediatez ante la posible salida de Zelaya, mediante este beneficio, no obstante, cuando se trata de cuestionar la deficiente actividad de esta institución judicial frente a las violaciones de derechos humanos que han sufrido una gran parte de la población en manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado, del 28 de junio de 2009, por los órganos represores del gobierno de facto, no existe una respuesta satisfactoria por parte de Rubí, dejando evidenciado una vez más el descaro de proteger intereses ajenos al bienestar de la mayoría.
En conferencia de prensa organizada, Porfirio Lobo, dio a conocer los pormenores del salvoconducto donde especifica que la salida del mandatario será junto a su familia y amigos cercanos, que le acompañan en la embajada de Brasil en Honduras desde el 21 de septiembre anterior.
