El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José acogió la apelación a una medida cautelar a favor de uno de los terratenientes usurpadores del territorio del pueblo Cabécar; medida interpuesta por él mismo, la cual le concede la restitución de la finca para seguir explotándola con ganado a gran escala. La orden de desalojo de lxs recuperantes llega para el próximo 28 o 29 de setiembre 2020.
Ha pasado casi una década desde que los pueblos originarios de Costa Rica decidieran ejercer los procesos de autonomía y autodeterminación sobre sus territorios por la vía de hecho, es decir, tomando el control y el saneamiento de sus tierras ancestrales.
Han sido 10 años, desde aquel agosto del 2010 en el que sacaron los cuerpos arrastradx de lxs representantes de los pueblos de la Asamblea Legislativa, que llegaron a exigir ser escuchadxs.
Para estos días, ya se cuentan en cienes las hectáreas que han sido recuperadas por las familias indígenas en diferentes territorios. Se han cosechado alimentos para las familias que también han crecido. El bosque también se recupera en esas tierras libres del pueblo Bribri en Salitre y en Cabagra; del pueblo Cabécar en China Kichá; del pueblo Bröran de Térraba, y del pueblo Maleku en Maleku.
Recuperar las tierras y los rastros de la ancestralidad representa la supervivencia de la cultura y de la existencia misma de los pueblos originarios; de cualquier colectividad humana -en realidad-, no sólo en Costa Rica si no en cualquier parte del mundo.
En Costa Rica, así como en el mundo, los Estados – Nación se han encargado de subastar las tierras a los nuevos colonos como si en las vastas montañas y valles boscosos no existiera vida; claro, no podemos olvidar que el Estado es parte de la maquinaria capitalista, patriarcal y colonial.
Para 1977, el Estado costarricense aprobó lo que se conoce como la Ley Indígena, la legislación que se mantiene vigente hasta el día de hoy, y que reconoce algunos derechos a los pueblos originarios como que su territorio sea exclusivamente para las familias indígenas, inalienable, intransferible e imprescriptible; además, que lxs no indígenas que habitan estos territorios deben ser reubicadxs, expropiadxs o indemnizadxs.
En 1992, el Estado suscribe el Convenio 169 de la OIT. A pesar de que existe esa añeja ley y los convenios internacionales suscritos por el Estado para reconocer a los pueblos originarios, la realidad en los territorios recuperados refleja algo muy distinto a lo que dice el papel.
En el caso de China Kichá, un territorio que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur del país, en cuestión de 20 años perdieron casi 6 mil hectáreas de su territorio indígena. Esto, como consecuencia de que el Estado derogara por ley la existencia de este territorio Cabécar desde 1982 hasta el 2001.
El Estado de Costa Rica reconoce oficialmente 1.100 hectáreas del Territorio Indígena de China Kichá; sin embargo, la gran mayoría del poco territorio que les corresponde oficialmente, está en manos de no indígenas usurpadores de territorio, que en su gran mayoría utiliza las tierras para la ganadería a gran escala que se devora todos los bosques y envenena el agua con los químicos que se usan para hacer crecer el duro pasto para vacas.
Un “dato curioso”, es que la ganadería extractiva es una actividad económica muy común entre los que usurpan los territorios indígenas de la zona sur – sur del país. Es también una actividad muy lucrativa y no se avergüenza en mostrar públicamente sus vínculos políticos; por ejemplo, el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana- PUSC, es el nieto del conocido ganadero Heriberto Abarca, de la Ganadería 3X.
Ante la necesidad incuestionable de que las familias Cabécares de China Kichá estuvieran en sus tierras para que su cultura siga viva y sacar la ganadería extractiva de los terratenientes, hace aproximadamente 2 años inicia el proceso de recuperación de tierras; hoy, son 4 las recuperaciones indígenas en este territorio.
El 25 de mayo de 2019, las familias ingresaron al terreno que hoy se conoce como Kono Ju, que significa Tierra / Casa de Tepezcuintles en Cabécar. Mide alrededor de 250 hectáreas, la habitan 16 familias indígenas, en esa tierra ya se han cosechado alimentos para las familias de toda la comunidad, y también es un sitio ancestral y sagrado para este pueblo originario.
Las brutales acciones por parte de los usurpadores de Territorio Ancestral contra lxs recuperantes, son sistemáticas y constantes, no sólo en China Kichá, si no también en todos los territorios dónde hay recuperaciones de tierra.
Recordamos cómo apenas unos días después del asesinato de Jhery Rivera Rivera, indígena Bröran de Térraba, el pasado 24 de febrero de 2020, los usurpadores y sus matones entraron al Territorio Cabécar de China Kichá a incendiar todo lo que se encontrarán en las fincas recuperadas, y darle persecución a lxs personas recuperantes.
En días recientes lxs habitantes de Kono Ju recibieron la notificación de que el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José ordenaba el desalojo de la finca recuperada Kono Ju, en el Territorio Indígena Cabécar de China Kichá.
Esta orden de desalojo corresponde a una apelación interpuesta por el usurpador Ángel Marín Espinoza y su abogada Thais Vidal, a una resolución de una medida cautelar interpuesta por el usurpador ante el Juzgado en Buenos Aires de Puntarenas -que, en un primer momento, falló a favor del pueblo Cabécar-, para que mientras se resolviera el proceso, se le restituyera a Marín Espinoza la posesión del terreno y le dejaran volver a entrar a la finca con su ganado.
Según el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José del 27 de marzo del 2020 se ordena: “a los codemandados [o sea a los recuperadores] poner en posesión del fundo a la parte actora para que siga realizando la actividad agropecuaria productiva”.
Es decir, se prioriza la explotación ganadera de una persona en tierras que no le pertenecen, antes que el derecho al territorio para el pueblo originario que toma posesión de él.
El Poder Ejecutivo a través de su Viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, publica un comunicado en el que reconoce que la acción es un atropello a los derechos de las 16 familias cabécares de Kono Ju, pero argumenta que no puede hacer nada pues no puede interferir en las decisiones de otro poder del Estado. Mientras, el Instituto de Desarrollo Rural argumenta lo mismo: no puede interferir en una orden judicial.
Esta es la primera vez que, en Costa Rica, un tribunal judicial resuelve que personas indígenas deben abandonar su tierra dentro de su propio territorio para entregarlo a personas no indígenas, sentando un precedente a nivel político y legal.
El desalojo judicial está planteado para el 28 o 29 de setiembre del 2020: no hay una fecha en firme, pues lxs recuperantes recibieron dos órdenes de desalojo, según nos relató Efraín Fernández en la entrevista que esuchará a continuación.
Escuche las voces de Doris Ríos, recuperante de la finca ´Sekerä Kaska´, y de Efraín Fernández, recuperante de la finca Kono Ju, que nos amplían sobre los procesos de recuperación de tomas de tierras, y sobre esta amenaza de desalojo a la Casa de los Tepezcuintles.
No podemos cerrar este reporte sin decir que desde el colectivo Radio 8 de Octubre nos sumamos a exigencia ¡NO AL DESALOJO EN KONO JU! , exigimos autonomía, respeto y autodeterminación y libertad para el pueblo cabécar, pero también a todos los pueblos originarios del mundo que están disputándole los territorios al colonialismo, al capitalismo y al patriarcado.
**Esta entrevista forma parte del programa Radio 8 de Octubre, de la edición del 24 de setiembre de 2020. Busque este reporte y todos los reportes de esa edición pinchando aquí
