Tampoco ya nadie debería tener dudas de que Costa Rica es el país de las casualidades.
Porque casualmente, renuncia Sosto, y la Sala IV con votación 4 a 3, indica que el último proyecto de la agenda de implementación tenía vicios de procedimiento ¡qué terrible casualidad!
La “Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual”, o el proyecto escoba, como le llamaron, era el último de los proyectos de la agenda de implementación, y reformaba algunas leyes, que los pro-TLC, juraron no se tocaría….
Por supuesto la orden de reformar esas leyes venía, como no, ni más ni menos que de la embajada gringa.
Pero volvamos a Federico Sosto, y entenderemos cómo parte de la agenda de implementación llegó hasta donde llegó…
Como magistrado de la Sala IV, Federico Sosto participó de la consulta de constitucionalidad de gran parte de los proyectos de la agenda de implementación del TLC.
Por esa razón, antes de que reventara el escándalo de la asesoría que brindó a Casa Presidencial, su gestión como magistrado de la Sala Constitucional fue cuestionada por sectores políticos y sociales del país, luego de que en enero del 2007 Sosto había manifestado públicamente opiniones favorables al Tratado.
Rebatiendo nada más y nada menos las opiniones de un grupo de académicos que sostenían, y sostienen, que el TLC es inconstitucional, o sea, Federico Sosto en su artículo defendía que el TLC era constitucional…
Básicamente adelantó criterio… y además mostró su posición política, bastante neoliberal por cierto.
En marzo se hicieron los primeros cuestionamientos al entonces magistrado Sosto, pues participó en la votación de la Sala Constitucional que decidió que el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales no presentaba roces constitucionales.
Esa votación se decidió por un voto y varios diputados de oposición manifestaron una profunda inconformidad por la participación de Sosto. Vale decir que el voto de Sosto resultço clave en ese momento.
Posteriormente el abogado se abstuvo de votar sobre la consulta del proyecto de ley de telecomunicaciones.
La oficina del diputado José Merino confirmó que Sosto participó en la consulta de constitucionalidad de estos otros proyectos de ley de dicha agenda:
Convenio de la Unión de Obtenciones Vegetales (UPOV) (voto 4570-08),
Tratado de Budapest (voto 3154-08),
Regulación del Mercado de Seguros (voto 10450-08),
Tratado sobre la Ley de Marcas (voto 4836-08),
Ley de Marcas y otros signos distintivos (voto 2896-08),
Reforma y adición de varios artículos a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (voto 5179-08).
A Sosto también le fue asignada la consulta de constitucionalidad que el diputado liberacionista Fernando Sánchez presentó contra la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
La participación que tuvo Sosto el 8 de julio Sosto en calidad de asesor “gratuito” a Casa Presidencial, motivó que fuera convocado a comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pues además trascendió que Sosto es socio de bufete de Jorge Hidalgo, uno de los asesores pagados con fondos del BCIE.
En esa oportunidad arguyó ante medios de prensa que no había nada incorrecto en dar esa asesoría, pues “ese día no estaba nombrado”, según publicó La Nación.
Luego de una denuncia presentada contra Sosto ante el Tribunal de Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de julio la Corte Plena acordó no investigar a Sosto tras una cerrada votación que quedó doce a diez.
El 29 de julio, Sosto no se presentó ante la mencionada comisión legislativa pues salió del país.
El 11 de agosto la Corte Plena mantuvo su posición de no investigar a Sosto al desestimar una acción de revocatoria de la primera votación presentada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD). Esta vez el resultado fue 17 a cuatro.
El presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, sostuvo que no apreciaba violación alguna de Sosto a la Ley Orgánica del Poder Judicial y manifestó que la decisión de no investigar se tomó a partir de criterios legales, no éticos.
A finales de agosto ACOJUD solicitó la renuncia de Sosto y el 1 de setiembre trascendió en la prensa que el cuestionado magistrado había renunciado a su cargo.
Días después, y seguramente por pura casualidad, fue cuando la Sala IV, sorprendiendo a todo el mundo, falló que había un vicio de procedimiento en el proyecto escoba.
Con este fallo resulta completamente evidente lo que se venía denunciando, la separación de poderes es mera ficción.
Pero también quedó demostrada otra cosa muy importante, que solamente la presión popular, articulada desde todos los frentes posibles, puede frenar la tromba neoliberal del mal gobierno de los Arias.