LA UNAH SE PRONUNCIA ANTE LO OCURRIDO EL 5 DE AGOSTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

LOS HECHOS

· LOS ESTUDIANTES SE MANIFIESTAN FRENTE A LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes universitarios, haciendo uso de su derecho a manifestarse públicamente, se plantaron frente a la ciudad universitaria en Tegucigalpa para protestar contra el golpe de Estado del 28 de junio, condenar la violación de los derechos humanos y exigir la restitución del derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Para darle contundencia a su protesta, se dedicaron a quemar llantas, práctica que se ha vuelto común en las protestas públicas de nuestro país.

· LA POLICÍA NACIONAL REPRIME LA MANIFESTACIÓN

Sin mediar advertencia ni intentar el desalojo pacífico de la vía pública ante una manifestación que estaba a punto de finalizar, la Policía comenzó a dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, toletazos y chorros de agua, lo que provocó el repudio de los manifestantes quienes reaccionaron tirándole piedras a los enardecidos policías y retrocediendo hacia los predios universitarios.

· LAS AUTORIDADES POLICIALES DESATIENDEN EXIGENCIA DE RETIRO

Ante los disturbios que se producían en la parte frontal de la ciudad universitaria, la Rectora de la Universidad, Julieta Castellanos, quien se encontraba reunida con la Junta de Dirección Universitaria y otras autoridades del Alma Mater, llamó telefónicamente a las autoridades policiales, para exigir el retiro inmediato de la Policía de las inmediaciones de la ciudad universitaria, ya que su presencia constituía un factor estimulador de la violencia y representaba un peligro para la seguridad de los manifestantes.

· LA POLICÍA AGREDE A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Los gritos de los manifestantes, el estallido de las bombas lacrimógenas y la certeza del peligro que corrían los estudiantes universitarios enfrentados a la Policía, hizo que un grupo de autoridades universitarias, encabezado por la Rectora de la UNAH, se dirigieran al lugar de los hechos para tratar de hablar con los jefes policiales que encabezaban el desalojo, contactando de nuevo, por vía telefónica, a las máximas autoridades policiales quienes aseguraban que ya habían dado la orden de retiro, mientras continuaban estallando las bombas lacrimógenas dentro de los predios universitarios, a escasos metros de donde transitaban las autoridades. Al llegar al lugar de los hechos y pese a las evidencias de que llegaban a dialogar, las autoridades universitarias fueron empujadas y golpeadas por los policías, situación que hubiera tenido consecuencias impredecibles si no fuera porque algunos efectivos policiales intervinieron al reconocer a la Rectora y a otras autoridades universitarias

· LA POLICÍA ATENTA CONTRA LA SEGURIDADSICA Y HUMANA DE LA UNAH

Los policías, en su intento de reprimir a los manifestantes, entraron a los predios universitarios, en donde fueron repelidos con piedras que ellos mismos devolvieron, dispararon bombas lacrimógenas que estallaron muy cerca y pusieron en peligro la seguridad de los bienes de la UNAH y de las personas que trabajaban y transitaban en el interior de la ciudad universitaria.

DENUNCIABLICA

La UNAH mantiene una posición racional sobre la crisis nacional. Nuestra Universidad asume su compromiso de dar continuidad y profundizar el proceso democratizador iniciado en nuestro país hace más de veinticinco años. La crisis actual nos demanda aportar racionalidad, conocimiento, independencia y crítica, que nos pongan en el camino de su superación. Para ello requerimos espacios de paz, tolerancia y no intervención, en los que se desarrollen las ideas y los diálogos que contribuyan a la unidad nacional. Demandamos el respeto hacia nuestra institución y su autonomía de parte del resto del Estado para cumplir estas funciones.

Ante los hechos denunciados, la UNAH expresa su más enérgica protesta y se pronuncia ante la opinión pública nacional e internacional, de la siguiente manera:

· LA INTELIGENCIA ES AGREDIDA POR LA BARBARIE

La universidad es, por definición, un centro de pensamiento caracterizado por la diversidad de posiciones y opiniones, por el pluralismo político e ideológico, por el libre debate de ideas y por el respeto a los que piensan diferente. Ver sus predios invadidos por policías persiguiendo, golpeando y reprimiendo a estudiantes; un ambiente universitario contaminado de gases lacrimógenos y la cuna del pensamiento agredida por policías enardecidos, irrespetuosos y descontrolados, nos obliga a pensar que la barbarie ha invadido el país y la universidad, colocando su sello de violencia, intolerancia, ignorancia y brutalidad.

· LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES VIOLENTADA POR LA POLICÍA

La autonomía universitaria, cuya defensa se ha escrito con sangre en la historia de nuestro país, había sido respetada por los gobiernos de turno, pese a los enfrentamientos ideológicos de otros tiempos. Ni en la peor época de la guerra fría se vieron botas militares o policiales pisoteando la inteligencia. No hay excusa posible que puedan argumentar los violadores de la autonomía: ni la ignorancia, ni la deformación de su formación, ni su identificación institucional con los militares, ni su politización y mucho menos el nerviosismo, el cansancio por el lamentable papel que les tocado desempeñar y el desconocimiento de los límites que debe tener su papel de garantes del orden público.

· LAS INSTITUCIONES MILITARES Y POLICIALES NO DEBEN ESTAR AL SERVICIO DE INTERESES PARTICULARES

Nuestro país se encuentra dividido y fuertemente polarizado desde el punto de vista político y social por la situación que vivimos desde el 28 de junio recién pasado. Las instituciones del Estado encargadas de ejercer la coacción social, con permiso para reprimir pero con la obligación de respetar la Constitución de la República, en particular lo relativo al respeto de los derechos y garantías individuales, que incluyen la libertad de pensamiento, expresión, movilización, integridad y manifestación pública, entre otros, están obligadas a respetar los derechos de toda la ciudadanía y no deben parcializarse hacia ningún grupo o sector político.

· EL GOBIERNO ACTUAL DEBE CONTROLAR A LAS INSTITUCIONES REPRESIVAS

La Policía Nacional, al igual que las Fuerzas Armadas, no son instituciones autónomas. Se encuentran subordinadas al poder civil y ubicadas institucionalmente dentro del poder Ejecutivo, específicamente en las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional. De ello se deduce que su papel en las calles, reprimiendo las crecientes protestas sociales, y en este caso, a los estudiantes universitarios, obedece a directrices que emanan directamente de sus jefes superiores, lo que nos obliga, como universidad, a denunciarlos y exigirles cuentas por haber ordenado la violación de la autonomía universitaria.

· DEBEN RESPETARSE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE TODA LA CIUDADANÍA

Para el bienestar y tranquilidad de toda la ciudadanía, incluidos los estudiantes universitarios, el gobierno hondureño, bajo cuyo mando se encuentran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debe garantizar los siguientes garantías constitucionales: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (artículo 68). Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura (artículo 72). Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial (artículo 79). Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal (artículo 80); Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional (artículo 81).

De igual manera la Universidad rechaza toda actuación de vandalismo que provenga de cualquier sector o grupo, en contra de bienes públicos y privados.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Y

CONDENABLICA

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace un llamado a las universidades, académicos, intelectuales y organizaciones sociales de la comunidad nacional e internacional, a repudiar y condenar la violación de la autonomía universitaria por las fuerzas policiales y a demandar del gobierno actual el cese a la represión de la protesta social, y el respeto a las garantías individuales establecidas en la Constitución de la República.

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