Cuando los gamberros españoles se aposentaron en el territorio que hoy se conoce como Panamá, lo llamaron “Castilla de Oro”, basado en la creencia que sus colinas eran ricas en oro.
Sin embargo, 500 años después, Panamá apenas comienza a explotar todo su potencial minero. En la actualidad solo existe una importante mina de oro operando en Panamá: la Petaquilla Gold, a cargo de una empresa minera canadiense que empezó la extracción del precioso metal en el año 2008.
Pero si todo marcha según los planes y proyectos del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, Panamá podría tener una de las industrias mineras más grandes de América Latina en los próximos 20 ó 30 años. “Como Presidente, ha dicho Martinelli, nuestro gobierno tiene la intención de desarrollar la minería y varios otros pilares que hagan de Panamá un país de primera del primer mundo en América Latina”, de igual manera se expreso Roberto Henríquez, Ministro de Comercio e Industrias, en una entrevista reciente a un medio de noticia internacional.
En lugar de explotar el oro, Panamá está trabajando para desarrollar una industria minera basada en la explotación del cobre. Las esperanzas del país se basan en los años de exploración, que sugieren que el país con forma de serpiente, que tiene un canal, podría tener los más grandes depósitos de cobre del hemisferio sin explotar. Algunos analistas calculan que si se explotara al máximo la industria minera de cobre de Panamá, ésta podría aportar miles de millones de dólares al país en concepto de ingresos. Si ese fuera el caso, la minería de cobre podría rivalizar – y tal vez hasta superar – los ingresos generados por el Canal de Panamá, la gran mina de oro del país. El problema, dice el ministro Henríquez, es que “los gobiernos anteriores no fueron sinceros cuando les dijeron a los inversionistas que existía una política para la minería en Panamá”.
Dijo que la vieja ley minera de 1964 era inadecuada y que falló al no ofrecer mucho interés para la inversión. Es por eso por lo que la administración de Martinelli favorece a las empresas – y Henríquez específicamente- ha hecho de esto una prioridad para crear una nueva ley de minería y atraer de esta forma a grandes inversionista.
La nueva ley, que se espera que sea presentada a la Asamblea de Diputados en las próximas semanas, permitirá a los gobiernos extranjeros a poseer hasta un 49 por ciento de las acciones de las empresas mineras panameña. Bajo la ley actual, los gobiernos extranjeros no pueden invertir en la industria minera de Panamá, sólo pueden hacerlo las empresas privadas.
“Para atraer la inversión extranjera es importante la nueva ley porque estamos hablando de enormes cantidades de dinero”.
“Es muy difícil para cualquier empresa privada conseguir esa clase de dinero solamente del sector privado “, dijo Henríquez. “Al mismo tiempo, hay países que han identificado (el cobre), como un mineral importante en su estrategia de desarrollo, y están dispuestos a invertir.”
EL ENTUSIAMOS DE COREA DEL SUR
Con los precios de cobre todavía cerca a los precios altos de abril, que fueron los precios más altos que el mercado jamás había visto, países como Corea del Sur, el tercer comprador de metales más grande de Asia, están interesados en aumentar sus reservas de cobre.
En marzo, Corea del Sur anunció sus planes por incrementar en 23 por ciento sus compras de cobre este año, y espera un alza en los precios del mercado una vez que las economías del mundo se recuperen y la demanda por el metal aumente, según Reuters.
Y Corea del Sur no ha ocultado su interés acerca de las reservas de cobre de Panamá, en especial del sitio conocido como Cerro Colorado, que es considerada la mayor mina de cobre sin explotar de las Américas. El presidente surcoreano, Lee Myung-bak visitó Panamá el 28 de junio como invitado especial a la cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Pero los analistas afirman que el verdadero propósito de su visita era hablar con el presidente Martinelli sobre los intereses mineros de su gobierno en Panamá.
Si Corea del Sur (o de los Estados Unidos, Canadá o Japón – los otros tres países que habrían expresado su interés en los depósitos de cobre de Panamá) invierte en el proyecto Cerro Colorado, Panamá se beneficiaría en miles de millones con la nueva Ley, lo que aumentaría las regalías del país de 2 a 4 por ciento sobre todas las operaciones mineras. Los ingresos adicionales podrían provenir de impuestos sobre la renta.
Potencialmente con millones de dólares en juego, Henríquez está dispuesto a presentar el proyecto de ley al Congreso, que está esencialmente en manos de Martinelli.
“Para el Ministerio de Comercio, este es un asunto que necesita ser acelerado”, dijo Henríquez. “Mi responsabilidad es finiquitar este asunto porque tengo otros asuntos que tratar después”. Henríquez también espera aprovechar el impulso del primer proyecto de minería de cobre del país que es Minera Panamá, y que está terminando su fase de exploración y se espera que empiece a extraer el mineral en un futuro no lejano.
Minera Panamá es un proyecto igualmente muy grande, e invertiría de $ 4-5 mil millones en puerto, en infraestructura vial y generación de energía, dijo Henríquez. La mina Minera Panamá, que operaría de 30 a 40 años, está proyectada para crear 10.000 empleos en la construcción y 4.000 puestos de trabajo de minería a tiempo completo. También generaría alrededor de $ 4 mil millones en impuestos y regalías para el gobierno panameño en los próximos cuatro décadas, dijo Henríquez.
Una vez que los residentes locales consideren el impacto económico de esa mina – incluyendo un fondo de desarrollo especial que será administrado por la comunidad local – se convencerán de que ésta hecha por lo mejor de sus bienes, predice Henríquez.
No se perjudicará el país
Henríquez también insiste en que los planes del gobierno para ampliar el sector de la minería no perjudicará la industria del turismo en Panamá, otro de los pilares de desarrollo identificado por el gobierno de Martinelli.
“Las minas van a estar localizadas lejos de los turistas, de las playas y del mar”, dijo Henríquez. “Las minas se encuentran en el interior del país, en tanto que nuestro turismo se encuentra ya sea en las ciudades de la Ciudad de Panamá o Colón, o en las playas o en las montañas de Boquete o Cerro Punta”, explicó el ministro.
“Ninguno de estos lugares se vería afectado por la minería, y en caso contrario, simplemente no desarrollaríamos el proyecto minero”.
La resistencia crece
Sin embargo, no todos en Panamá están de acuerdo con las afirmaciones hechas por el gobierno, especialmente a raíz de las protestas laborales violentas de Bocas del Toro del mes pasado.
Las protestas fueron una respuesta a la última iniciativa legislativa de la administración, conocida como la “Ley Chorizo” (o la Ley de muerte), apodado así por la crítica por lo poco beneficioso que es esta ley.
Todavía no se cuenta con cifras exactas de personas que murieron, ademas hubo mas de 500 personas heridas, Durante la protesta de diez días que estalló cuando los obreros bananeros de la Bocas Fruit Company se opusieron a la aprobación de la Ley de muerte y el gobierno de Panama, respondio con cientos de antimotines quienes intervinieron de forma violenta masacrando a la poblacion Bocatoreña.
Según Berkman Heather, un analista de América Central, de Washington, DC, de Eurasia Group, con el mal manejo del gobierno en esta cuestión se le ha sacado un pedazo a la política capital de Martinelli, haciendo que este sea un mal momento para que él pueda llevar adelante su polémica ley minera.
“La polémica de la Ley chorizo ha incitado más oposición contra el gobierno”, dijo Berkman. Además, dijo, que la oposición a la ley chorizo y la minería podrían estar relacionadas. Una de las muchas disposiciones de la ley chorizo dice que los estudios ambientales pueden ser desechados cuando se trata de proyectos de desarrollo, si el gabinete declara que el proyecto es de “interés social”.
Los grupos que se dedican a la conservación de los recursos naturales, temen lo que esta disposición podría significar para la industria minera, a pesar de que la administración Martinelli, asegura que el ambiente será protegido por la nueva ley de minería.
Los conservacionistas y los grupos originarios – en especial la comunidad Ngäbe Buglé de Cerro Colorado – ya se están haciendo sentir contra las aspiraciones de la minería del gobierno.
Los activistas ambientales les preocupa que la industria minera se traduzca en destrucción de los bosques de las tierras de los pueblos originarios, falsas promesas económicas a las comunidades empobrecidas y desastre ecológico en el caso de que se produjera accidentes mineros.
Señalan que el gobierno no consultó a ninguna de las nueve comunidades, donde están ubicadas las concesiones mineras que fueron ofrecidas. “Las concesiones mineras que se han dado en las tierras de nuestros pueblos originarios violan las leyes nacionales e internacionales, especialmente en el caso del territorio Ngäbe Buglé”, afirman.
Las críticas hechas al gobierno central por estos sectores, se refiere a los grandes e irreversibles daños de proyectos mineros que en la actualidad estan operando pero que las consultas y consentimiento sobre esos proyectos no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de Martinelli.
El Ministro Henríquez dice que el gobierno panameño es consciente de las otras opiniones sobre el asunto, y que respeta la decisión de otros países que no explotan la minería. Pero, subrayó: “Tenemos el derecho a desarrollar nuestro país de acuerdo con nuestros puntos de vista y la minería tiene un papel que desempeñar en esta estrategia.”
Si resulta, como el gobierno espera, la minería podría desempeñar un papel importante en el futuro del país.
Pero antes, la administración Martinelli, tendrá que negociar un campo de mina (muy minado), de un tipo diferente.