Científicos de la Universidad de Costa Rica insisten en el archivo del proyecto y el reestablecimiento de la moratoria minera.
Este viernes 16 de octubre, se llevó a cabo en el Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Ciudad Quesada de San Carlos, un debate sobre las implicaciones socioambientales
del Proyecto aurífero Las Crucitas a la luz del informe sobre el proyecto presentado por la Comisión Científica nombrada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, para estudiar este caso, organizado por el Frente de posición a la minería de oro de la Zona Norte.
Al debate fueron invitados el señor John Thomas, Gerente General de la empresa Industrias Infinito, y el señor Alfredo Córdoba, Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, así como representantes de la Comisión de la UCR; a pesar del interés nacional que existe alrededor del proyecto, lamentablemente ni el representante de la empresa ni el señor Alcalde se hicieron presentes una vez más sin exponer los motivos.
El abogado ambientalista Alvaro Sagot quien forma parte de la Comisión Científica de la UCR, fue uno de los expositores.
Analizó los argumentos de declaratoria de interés
nacional del proyecto minero Crucitas, iniciativa del Gobierno de Oscar Arias, y manifestó sentirse muy preocupado porque desde su perspectiva con este decreto se están violentando resoluciones de la Sala IV y convenios internacionales que se han creado con el fin de proteger recursos y especies en peligro de extinción.
Nicolás Boeglin, abogado, y también parte de la Comisión Científica, cuestionó la forma en que se manejó la publicación del decreto y las acciones que la empresa minera
realizó. Afirmó que un decreto no está vigente en tanto no esté publicado en La Gaceta, sin embargo la declaratoria de interés nacional no estaba publicada y ya estaban encendidas las motosierras que arrasaron con más de sesenta hectáreas de
bosque.
Boeglin se manifestó preocupado por la reacción de la empresa minera ante el estudio de la Comisión Científica de la UCR; la empresa dijo no confiar en los estudios técnicos realizados por los académicos de dicha casa de enseñanza y están por exigir al Consejo Universitario, derogar el acuerdo en firme en el que se declara nociva la actividad
minera en Crucitas, cosa que nunca antes se había visto.
“Pero la empresa tiene seguridad que no sabemos de donde le viene”, dijo Boeglin. Este académico considera
sumamente relevante que instituciones como la UCR se pronuncien sobre temas como la minería de oro “porque se está jugando con el conocimiento científico bajo el pretexto de la conveniencia nacional, que es puramente conveniencia empresarial”.
Agregó que la Comisión Científica de la UCR recomendó al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto aurífero de las Crucitas y el reestablecimiento de la moratoria de la minería de metales en nuestro país, tal como lo había decretado la Administración del Doctor Abel Pacheco.
Concluyó su exposición diciendo que la empresa no se presenta a los debates, porque no es capaz de sostener sus argumentos.
Por su parte Jeannette Rojas, quién representó al Frente de oposición a la minería de oro de la Zona Norte, denunció la actuación de la Sala IV, el pasado 11 de setiembre en Crucitas:
“de la Sala IV no esperábamos mucho, pero no nos imaginamos tanto descaro, como lo que vimos el 11 de setiembre”.
Esta mujer vecina de San Carlos, fundadora de este espacio de lucha que ya tiene 16 años resistiendo, argumenta que su pueblo es de vocación agrícola, no minera, y esperan poder profundizar las alianzas binacionales Nicaragua-Costa Rica para que juntos podamos dar la lucha contra este nefasto proyecto que amenaza los recursos naturales de ambos países.
Resaltó el importante pronunciamiento del Gobierno de
Nicaragua, en el que se manifiesta que no apoyará ningún proyecto que atente contra los recursos naturales del Río San Juan.
Rojas concluyó diciendo que la historia de la minería en Costa Rica muestra que la actividad es un pésimo negocio para el país, como lo evidencia el desastre reciente en la Mina BELLAVISTA de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, en la que se produjo un deslizamiento de la mina e infiltración de sustancias envenenadas a los afluentes del Río Ciruelas sin que al día de hoy nadie se haya hecho responsable por la
reparación de los daños causados al país y especialmente a las futuras generaciones.
Para más información puede contactarse con:
Jeannette Rojas 88113745
Sara Obando 24777122
