Los diputados en el Congreso Nacional han previsto una reunión el próximo jueves para discutir la amnistía o el perdón para los delitos cometidos por los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado del 28 de junio, cuando se secuestró y se extraditó a Costa Rica al Presidente Manuel Zelaya.
Es un hecho que el actual Congreso Nacional –protagonista en el golpe de Estado- otorgue amnistía, porque no hacerlo sería reconocer sus delitos, lo mismo que pasó el 2 de diciembre de 2009 cuando se opuso a la restitución del Presidente Zelaya por miedo a que los enjuiciaran. Los diputados si son inteligentes pueden amortiguar el daño que a sí mismos ya se impusieron y jamás deben olvidar que los delitos por violación de derechos humanos pueden perdonarlos aquí, pero internacionalmente no tienen valor alguno porque son decisiones de las mismas instituciones golpistas.
LA MUERTE NO OLVIDA
El tema de la amnistía para los delitos políticos está contemplado en el fallido “Plan Arias”, a fin de eximir de culpa a todas las personas vinculadas en los acontecimientos previos y posteriores a la asonada de ese entonces, cuando la oligarquía empresarial-político-militar decidió anular 27 años de orden institucional, asesinando y reprimiendo al pueblo que se ha manifestado en contra del régimen dictatorial, liderado por Roberto Micheletti Bain y Romeo Vásquez Velásquez.
La iniciativa sería presentada el jueves siete de enero, fecha en la cual se discutirá también el retiro de Honduras de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y otros temas que están en agenda para culminar la última legislatura, cuyo cierre será el 25 del presente mes.
