Este lunes 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.
Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.
Cada cual tendrá su lugar en esta lucha. Los campesinos, que saldrán a las rutas a visibilizar sus miserias. Los trabajadores que se declaren en paro. Los estudiantes que salgan a unir su joven sangre con los descamisados. Los indígenas que se unan a sus hermanos trabajadores, campesinos y afrocolombianos demostrando que somos un mismo pueblo en lucha. La izquierda que trate de romper el cerco mediático con sus acciones solidarias. El movimiento solidario internacional que tendrá como tarea, poner desde el primer momento los ojos del mundo en Colombia, pues sabemos que la represión no se hará esperar.
Este paro es indicativo de que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia. Todavía no tenemos un panorama acabado de este fenómeno social que se empezó a vislumbrar con las protestas de los corteros del Valle y la minga indígena y popular en el segundo semestre del 2008; que se siguió dibujado con las movilizaciones estudiantiles del 2011 que llevaron a la conformación de la MANE; que se insinuó en el Encuentro La Paz es la Ruta de Barrancabermeja el 2011; que comenzó a levantar cabeza en las movilizaciones campesinas-indígenas en el Cauca en Mayo-Junio del 2012; que ha tenido un eco resonante en la negociación política insurgencia-gobierno en La Habana; que se ha ido perfilando más y más con la gran movilización cafetera-cacaotera y con la rebelión del Catatumbo este año. El movimiento popular adquiere un carácter verdaderamente telúrico. Pero aunque no podemos apreciar en toda su magnitud este nuevo fenómeno que crece fundamentalmente en los campos de Colombia, sí hay una serie de constataciones que podemos hacer, que nos pueden servir de brújula para el actual momento.
Una primera constatación es que hoy, el sector que lidera de manera indiscutible las luchas populares en Colombia, es el campesinado. Lo que comenzó como un paro agrario, en el fragor de la movilización de los campesinos del Catatumbo, terminó jalando a algunos sectores urbanos y terminó por convertirse en un paro popular que está comenzando a sacudir al adormecido (y violentado) movimiento sindical. El campo colombiano es hoy el escenario principal de la confrontación entre el campo popular y el modelo económico y político oligárquico. Esto no es casual: tiene que ver con el carácter oligárquico del Estado y la naturaleza del bloque en el poder; tiene que ver también con el dinamismo que han adquirido, en los últimos quince años, la agroindustria y el sector extractivista; y por último, tiene que ver con un acumulado de resistencia de varias décadas del campesinado.
Una segunda constatación es que avanza un proceso de unidad y convergencia. En este escenario, la unidad se da orgánicamente (no espontáneamente) desde las luchas populares, desde abajo, no desde pactos equívocos electoreros, escenario predilecto de una cierta tradición socialbacana que, con el pueblo siempre a flor de labios, termina cooptando procesos organizativos populares, dividiéndolos, utilizándolos para fines mezquinos y alienando a sectores sociales. Ya la coyuntura electoral no es la que domina los discursos de unidad, sino que las organizaciones populares están pensando en proceso a largo plazo. No es de menor importancia que al calor de este proceso de lucha se plantee la realización, el día 31 de Agosto, del 2º Encuentro Nacional de Unidad Popular. Ni tampoco es menor el hecho de que se plantee la creación de una coordinadora de las jornadas de protesta a nivel nacional y departamental.
Una tercera constatación es que la lucha de clases está adquiriendo una dinámica que está comenzando a superar los vicios caudillistas y burocráticos de algunos sectores sociales, así como a desbordar los estrechos canales institucionales de domesticación de la protesta –por eso la violencia con que se la reprime. Esto no significa que los vicios caudillistas sean cosa del pasado, sino que la dinámica de lucha está dando señales de que, aunque aún pesen, ya no son paralizantes. Si ciertas dirigencias, bien sea por comodidad o conveniencia, optan por no apoyar la protesta social, sus bases sí que se movilizan. Esto es crucial, pues uno de los objetivos principales de la llamada “unidad nacional” del santismo fue cooptar y domesticar importantes sectores sociales (socialbacanería, indígenas y sindicales), en una especie de perversa inclusión por arriba, hecha mediante el agasajo a los caudillos, excluyendo a las masas. La CGT puede ser que no apoye el paro, pero muchas de sus filiales sí se sumarán. Si los caciques y su burocracia indígena no apoyan, sí lo harán los comuneros en la base que unirán sus manos con negritudes y campesinos. Hay que avanzar en la unidad desde abajo y en la lucha con estos sectores, más allá de acuerdos superestructurales.
Se han generado algunas plataformas reivindicativas para la lucha, siendo quizás la de mayor profundidad, claridad y convocatoria, la desarrollada por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional). Pero también las hay regionales y nacionales. Cada sector que participa y protesta tendrá sus propias demandas particulares. Un desafío para el movimiento popular será superar lo local, lo parroquial, lo particular, y poner por delante aquellos elementos comunes que engloben la lucha de la mayoría de los sectores organizados. Porque las demandas más sentidas del pueblo solamente podrán ser ganadas mediante una movilización de masas nacional. Ningún sector aislado podrá imponer su agenda a largo plazo y, no lo olvidemos, la negociación parcial de agendas locales o sectoriales es una eficaz manera de desactivación del conflicto social por parte de la oligarquía, sin que cambie nada. Tarea nada fácil esta de la convergencia; por ello es que ya hay sectores que, más allá de este paro indefinido, creen pertinente comenzar a organizar el Paro Cívico Nacional, que requiere niveles de coordinación y unidad cualitativamente superiores.
El pueblo no puede volver a creer en una oligarquía mentirosa, que no conoce la palabra honor y que se ha burlado sistemáticamente, por siglos, de ellos. Cafeteros, cacaoteros, paperos, transportistas, estudiantes, se movilizan porque no se les ha cumplido. Ninguna región, ningún sector, por separado, tendrá sus demandas satisfechas. Cada vez está más claro que los problemas que afectan a las mayorías requieren de soluciones de fondo, radicales, de una transformación desde las profundidades del país. Tarea que necesariamente es de masas. Y esta es, precisamente, la constatación más significativa que hacemos del actual proceso de convergencia hacia el paro: que las masas han vuelto a ser las protagonistas en la construcción de su propio destino.
¡Viva el Paro Agrario y Popular!
NOTAS:
[1] http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-advierte-pagaran-carcel-quienes-bloqueen-vias-articulo-440449
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de “Problemas e Possibilidades do Anarquismo” (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro “Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina” (Quimantú ed. 2010).
