Zona Marítima de Guanacaste

Y las denuncias siguen salpicando al mal gobierno de los Arias. Esto de acuerdo a un artículo publicado por el Semanario Universidad en su más reciente edición.

Esta vez se trata de una concesión otorgada por la Municipalidad de Santa Cruz en Playa Nombre de Jesús y Playa Zapotillal, en Guanacaste, permitirá la explotación de 255 hectáreas en la zona marítima terrestre, mediante un megaproyecto turístico impulsado por empresarios representados por Álvaro Martín Salazar, hermano de la actual viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín.

Playa Zapotillal es conocida popularmente como “Minas”, mientras que a Playa Nombre de Jesús los empresarios la denominan “Playa Pelícano” en algunos documentos.

Ambas playas están ubicadas en el distrito Cabo Velas, cantón de Santa Cruz, muy cerca de Playa Grande y el Parque Nacional Marino Las Baulas. Resguardan una valiosa zona de bosque tropical seco, dos lagunas, humedales, así como un espacio para el desove de la tortuga verde, por lo cual el eventual desarrollo turístico puso en alerta a vecinos de la zona y grupos ambientalistas.

De acuerdo con Juan Figuerola, ambientalista, quien le ha dado seguimiento al caso, desde la perspectiva ambiental el proyecto implicaría privar a la zona “de un reducto de bosque costero de gran diversidad que ya no queda en la región, pues han surgido los desarrollos elitistas que contradicen el derecho de la gente a un ambiente sano”.

Dentro de las preocupaciones figura el tema del desmedido consumo de agua que se daría con el proyecto turístico, pues tendría que abastecerse desde la comunidad de Matapalo, donde desde ya existe oposición.

El proyecto es denominado Condominio Turístico Residencial Mar Serena (Expediente No.1101-2007-Setena), el cual podría explotar la zona marítima terrestre, que constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable.

La Zona Marítimo Terrestre es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de Costa Rica. Esta posee una parte pública, que es de 50 metros, y una restringida, que abarca los 150 metros restantes, sobre la cual se otorgan las concesiones con base en un plan regulador.

El proyecto Mar Serena comprende una área de concesión en la Zona Marítimo Terrestre y también terrenos privados.
En la zona de concesión se proyecta la construcción de un hotel cinco estrellas con 174 habitaciones, un edificio con restaurante y tiendas para comercio, una edificación con servicios sanitarios y duchas, edificios de dos pisos para uso residencial, una zona de cooperativa y una zona de protección o amortiguamiento del manglar.

En el área privada, el proyecto contempla 190 lotes residenciales, 361 villas unifamiliares, un hotel cinco estrellas con 178 habitaciones, una zona comercial con estacionamientos y otra para edificaciones de servicio.

Además, también se pretende construir en la zona privada un campo de golf de 18 hoyos, una casa club, calles para comunicar y acceder a las diversas áreas, así como zonas verdes y una reserva forestal, cuya área no se especifica.

La concesión para explotar dichos terrenos fue otorgada en 1998 por la Municipalidad de Santa Cruz, el mismo día a 11 sociedades anónimas de responsabilidad limitada con los mismos propietarios, en las cuales la viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín, aparecía como secretaria y como agente residente, mientras que su hermano, Álvaro Martín, como presidente.

Posteriormente, estas concesiones fueron ratificadas por el Instituto Costarricense de Turismo, que es la institución encargada de velar por el adecuado manejo de la Zona Marítimo Terrestre.

La historia del el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena se inició en 1993, cuando Álvaro Martín solicitó al Instituto Geográfico Nacional el amojonamiento, o sea, la demarcación de ambas playas, primer paso para desarrollar un proyecto de construcción con el fin de demarcar la zona pública.

Posteriormente, en 1994 el arquitecto Héctor Chavarría Carrillo, hermano del actual alcalde de Santa Cruz, Jorge Enrique Chavarría, realizó la hoja de zonificación del plan regulador.

En el 2006, autoridades municipales y de la fuerza pública de Santa Cruz demolieron la casa del pescador Juan Canales, por encontrarse en la zona del proyecto.

En mayo del 2007 la empresa Ingenieros Consultores presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una  declaratoria de impacto ambiental para un primer proyecto de condominio turístico residencial denominado en ese momento Playa Pelícano (Expediente No. D1-564-2007-SETENA), al cual varios ambientalistas, como Juan Figuerola, presentaron observaciones técnicas.

En setiembre del 2007, el propio desarrollador pidió archivar el proyecto y ese mismo día presentó un Estudio de Impacto Ambiental para un segundo plan de condominio turístico residencial denominado Mar Serena (Expediente No.1101-2007-SETENA).

Vale la pana destacar algunas coincidencias entre este caso y el de varias concesiones solicitadas por sociedades anónimas también de los hermanos Martín en Isla Caballo, en el Golfo de Nicoya.

Por ejemplo, es el mismo arquitecto Héctor Chavarría quien elaboró el plan regulador para la isla, contratado por Álvaro Martín.

Además, en este caso son cinco sociedades anónimas las que solicitan las concesiones y en todas la actual funcionaria Martín apareció con el 60% de las acciones.

Pero veamos quién es don Álvaro Martín, entre el 2002 y el 2005 Álvaro Martín Salazar fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos de Costa Rica (CIMAT), entre otros puestos públicos.

Álvaro Martín, hermano de la actual Viceministra de Transportes, es socio del Bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco desde 1980.
Ese bufete fue fundado, entre otros, por el padre del exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien también ha laborado allí.

Martín fue miembro de la comisión redactora de la Ley de Incentivos Turísticos para el  ICT en 1983 y entre 1986 y 1990 integrante del Consejo de Administración de la Corporación Costarricense para el Desarrollo (CODESA).

En 1991, fue miembro de la comisión para reorganizar el sistema legal que involucra la actividad turística para el ICT y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); y de 1994 a 1999 miembro de la junta directiva de LACSA, adonde regresó en el 2006.

Otra Junta Directiva en la que estuvo fue la del Instituto Nacional de Seguros (INS), entre 1994 y el 2000. También estuvo en la de CINDE entre 1997 y el 2005.

Desde el 2002 y hasta el 2005 fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT). Desde el 2006 es fiscal de la junta directiva de la Corporación BCT.

Por su parte, la viceministra Viviana Martín rechazó cualquier vínculo con el megaproyecto turístico, pues asegura que ella lo único que hizo fue crear las sociedades y, posteriormente, se desligó de ellas.
Las sociedades anónimas que recibieron concesiones son:
Hotelera Minazol H.M. S.A.,
Condominio Madras C.M. S.A.,
Codominio Romanche C.R. S.A.,
Codominio Penza C.P. S.A.,
Condominio Taboy C.T. S.A.,
Llanuras del Pelícano L.P. S.A.,
Desarrollos Cosuis D.C. S.A.,
Inversiones Playa Saleina I.P. S.A.,
Desarrollo Hotelero Glaciar D.H.G. S.A.,
Desarrollos Minapel D.M. S.A. y
Condominios Barkol C.B. S.A.

La empresa Marel S.A., también fundada por los hermanos Martín, ha corrido con todos los gastos de amojonamiento, plan regulador y demás, pero no está entre las concesionarias.

Sobre las condiciones del sitio donde se ubicaría el Proyecto Mar Serena, el ambientalista Figuerola destacó el hecho de que fue un potrero  hasta inicios de los años 90, pero “se ha recuperado bastante y hay dos lagunas”.

Figuerola, quien labora con la FECON, denunció que los desarrollistas han “socoleado” el terreno, o sea, han cortado partes de los árboles con el propósito de arralar el bosque, con lo cual se podría “justificar un cambio de uso, pero eso es prohibido por el artículo 19 de la Ley Forestal”.
Calificó como “inmoral” el hecho de que las once concesiones fueron otorgadas “de un solo golpe” en 1998 por el Concejo Municipal.

Pero es que además de las preocupaciones por el bosque de la zona, las lagunas y el hecho de que al sitio llega a desovar la tortuga verde, algunas personas de la zona ya manifestaron su preocupación por la accesibilidad al agua.

En medio de la discusión está la comunidad de Matapalo, cuyos residentes se debaten entre la protección de esos recursos naturales y las eternas promesas de empleo de los desarrollos turísticos.

Balbino López, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, no tuvo reparos en afirmar que la mayoría de los habitantes de esa comunidad están a favor de este tipo de proyectos.

“Hemos investigado este caso particular con el señor Emel Rodríguez, director del Área de Conservación Tempisque, quien nos hizo una exposición para determinar que no haya un impacto fuerte en contra del ambiente. El afirmó que se han respetado todas las indicaciones emanadas del MINAET”.

Luego de señalar que el proyecto turístico ha generado empleo y le permitió regresar a la costa a mucha gente que, como él, tuvo que irse en el pasado para buscar empleo, López destacó el hecho de que “no nos preocupa que este plan ponga en riesgo estos recursos naturales”, pues “el MINAET ha hecho grandes esfuerzos, se va a dejar un refugio y habrá un puesto de vigilancia; es una posibilidad que ha dado el desarrollador para que cuiden el desove de las tortugas”.

El tema álgido, como en todo Guanacaste, es el de la disponibilidad del agua. López informó que los desarrollistas determinaron que dentro de sus terrenos hay “un pequeño” manto acuífero, del cual obtendrán el recurso para las primeras fases del proyecto.

Sin embargo, reconoció que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) “contempla un proyecto de acueducto” en la zona, luego de que la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Matapalo emitió en setiembre del año pasado un documento en el que dijo tener disponibilidad de 100 pajas de agua para el proyecto, “siempre y cuando (…) aporten diseños, materiales y ejecución  de obras  (…) bajo la supervisión del AyA y esta ASADA”.

La vecina de Matapalo Laura Jaén, integrante de la Asociación para la Conservación de los Recursos Naturales de Cabo Vela y presidenta de la Asociación de Damas Amigas del Parque Marino Las Baulas, manifestó su oposición al proyecto.

Luego de coincidir en la denuncia del socolado del bosque, señaló que la experiencia con los grandes proyectos no sustenta las expectativas de generación de empleo en zonas costeras.
“Hemos sentido bastante el impacto del desarrollo en la zona, y durante el verano tenemos problemas por falta de agua. Nuestra preocupación es por nuestros hijos ¿qué va a pasar con el agua?”, cuestionó.

“En verano todo va a colapsar, las canchas de golf, por ejemplo, tienen que estar siempre verdes para que puedan jugar. La gente que se opone en la comunidad está a la espera, se ha hablado de tirarse a la calle igual que lo hicieron en Lorena con el Meliá Conchal”.

Lorena es una comunidad de Santa Cruz aledaña a uno de los últimos mantos acuíferos de la región, el de Nimboyores. En su momento el Hotel Meliá Conchal pretendió echar mano de este recurso y la comunidad de Lorena logró impedirlo.

En esa lucha estuvo presente María Rosa Angulo, quien fue  presidenta del Comité de Defensa del Manto Acuífero de Nimboyores y actualmente preside la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Cantón de Santa Cruz.

“Toda esta zona requiere de agua, en Matapalo hay muy poca y la única fuente cercana es Nimboyores, donde un estudio determinó que puede proveer 180 litros por segundo, lo cual es muy inferior a la demanda que tendrá que enfrentar”.

Citó datos según los cuales para el 2020 Tamarindo requerirá de 400 litros por segundo. “El agua de Nimboyores sólo puede ser para el consumo humano, no para regar canchas de golf y jamás para piscinas. Además, deben ser las ASADAS las que administren el recurso”, puntualizó.

“Si insisten en buscar el agua de Nimboyores habrá una gran tensión. Si el AyA viene de manera arbitraria a meter tuberías, estamos dispuestos a tirarnos a la calle ante la forma de actuar prepotente e irrespetuosa de Ricardo Sancho y ya se lo comunicamos a la institución”, señaló.

Definitivamente vivimos tiempos difíciles, a pesar de la crisis del capital, la voracidad empresarial sigue adelante sin tener ninguna contemplación por lo recursos naturales, ni por la vida de la gente…

La viceministra de transportes y ahora ministra de justicia, dice no tener vínculos con este proyecto, pero ya en este gobierno nos hemos acostumbrado a todo tipo de casualidades, ustedes decidirán si creerle o no… por nuestra parte, solo diremos que esto es lo que ocurre cuando empresarios y políticos se funden en un gobierno, que además es de corte totalmente neoliberal…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *