San José (elpais.cr) – Con el apoyo de medios de comunicación, el Gobierno de Costa Rica pretende criminalizar la protesta social de sindicatos, estudiantes y comunidades organizadas, denunciaron dirigentes del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, intervenido por el Estado.
Este viernes 14 a las 10:00, se realizará una audiencia en los Tribunales de Limón con las personas detenidas el 29 de abril durante las protestas sociales que tuvieron lugar ese día.
Salvo la dirigente comunal Rosibel Briones, que purga un mes de prisión preventiva, el resto de detenidos quedó en libertad un día después de su arresto.
Según trascendió, la Fiscalía apeló las medidas cautelares y está pidiendo tres meses de prisión preventiva contra el grupo, sobre la base de declaraciones “montadas” de varios policías, que responsabilizan a estas personas de provocar los disturbios registrados.
Los enfrentamientos con la policía y los disturbios se desencadenaron en medio de una manifestación, convocada por varios gremios contra diversas iniciativas de la administración Arias Sánchez, entre ellas la privatización de los puertos del Caribe costarricense, por los que pasa el 80 por ciento del comercio nacional.
“Claramente, se trata de un proceso político dentro de la escalada para penalizar la protesta ciudadana en Costa Rica, que inició el ex mandatario y que ha continuado con la nueva presidenta, Laura Chinchilla, respaldada por una agresiva campaña de la prensa comercial”, denunciaron dirigentes del SINTRAJAP en un boletín.
En enero anterior, el Gobierno, junto con la participación de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y un grupo minoritario de afiliados al sindicato montaron una asamblea general para destituir a la directiva legal de la organización de los trabajadores.
Tras esa maniobra, el Gobierno y la “nueva” directiva, reconocida de inmediato por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, firmaron un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, donde se acordó eliminar a los asalariados 11 días libres al año y el pago de 137 millones de dólares a fin de respaldar la privatización de los puertos.
Por otro lado, dirigentes de diversas organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunciaron que la manifestación pacífica de los trabajadores fue infiltrada por agentes encubiertos, vinculados con el Ministerio de Seguridad Pública y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), controlada por el Ministerio de la Presidencia, dirigido en ese momento por Rodrigo Arias, hermano del ex presidente Oscar Arias.
Expertos en temas de Seguridad dijeron a este medio que se está registrando una peligrosa alianza entre autoridades gubernamentales y medios de comunicación, con el fin de criminalizar la protesta social.
Un hecho similar se registró el 8 de Mayo, cuando la actual presidenta asumió el mando.
En calles cercanas y predios del Parque Metropolitano La Sabana, la Policía Montada y antimotines arremetieron contra estudiantes y ciudadanos, con el propósito de dispersar una manifestación pacífica.
Varios manifestantes fueron golpeados y otros detenidos, a quienes se les llevó de inmediato ante los tribunales de Flagrancia acusados de varios delitos como faltas contra la autoridad, entre otros.
Esta semana, declaraciones del ministro de Seguridad, José María Tijerino, fueron cambiadas de orden por un medio de comunicación, con el fin de confundir la represión contra la protesta social y el combate a la delincuencia común.
Una de las principales víctimas de la violencia policial ha sido la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con sindicatos, entre otros.
Este miércoles, el Semanario Universidad resaltó que académicos concuerdan en que los medios de comunicación tradicionales y sectores de derecha exacerbaron las opiniones en contra de la Universidad. (Ver: http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/mainmenu-pais/2312-intervencion-de-oij-en-campus-fue-circunstancia-optima-sectores-de-poder-intentan-alinear-posicion-critica-de-ucr-.html).
El artículo precisa que las reacciones en contra de la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 12 de abril en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, son en parte impulsadas por sectores de poder que pretenden desprestigiarla por sus posiciones críticas y contundentes hacia temas de interés social, coincidieron varios especialistas.
Las posiciones en contra de la autonomía de la UCR llevaron incluso a calificar al alumnado como “delincuente”, al criminalizar la protesta social.
El OIJ y la Fiscalía General insistieron en que pueden ingresar a la UCR sin previa coordinación con las autoridades universitarias y cuando lo crean pertinente, pues esta no es una nación aparte.
En tanto, la rectora Yamileth González García aseveró que existen voces en contra de la institución que siempre aguardan el momento para atacar, y aprovecharon esta circunstancia.
El psicólogo e investigador Marco Fournier explicó al Semanario que en la segunda administración de Oscar Arias, se dio una concentración de poder que llevó a la Universidad a emitir criterios sobre distintas temáticas, muchas veces en contra de lo que el Gobierno promovía.
“La intervención del OIJ se da en momentos en que la UCR se constituye como el principal contrapeso de la política centralizadora y amenazante de determinada clase gobernante”.
Comentó que los principales medios de comunicación se mostraron parcializados y tomaron partido, lo que afectó la opinión de la ciudadanía.
Por ende, se aumenta el autoritarismo, por lo que se debe comprender que la posición de la UCR no es un capricho, pues el arte y la ciencia deben crecer libres.
Montserrat Sagot, socióloga, mencionó que desde la lucha en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) hay grupos poderosos disconformes con las posiciones claras del centro de educación superior y esas discordancias surgieron por la incursión del OIJ.
Además, su posición sobre Crucitas, Sardinal, las piñeras y la concesión de muelles son circunstancias que la enfrentan con esos grupos.
Esto se da en medio de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), donde no hubo acuerdo con la pasada administración. Las opiniones en contra, prosiguió Sagot, tratan de que la UCR no sea meritoria de ese presupuesto.
“La Universidad no es solo un adversario muy poderoso en términos ideológicos, sino también que muchas personas creen que no se merece los fondos públicos, al pensar que el estudiantado y profesorado son ‘vagos’ y que fomentan la violencia”.
Las expresiones de odio surgidas en redes sociales y blogs también muestran resentimiento de quienes no le perdonan que sea una de las mejores 500 universidades del mundo, aseguró.
