Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia
Estamos en Costa Rica, una de las fincas del istmo centroamericano que ha sido mercadeada como el “paraíso” verde de paz y democracia, construida sobre falsedades y negaciones históricas: esta imagen es la que suelen tener lxs extranjerxs que no confunden Costa Rica con Puerto Rico. Esa imagen también es la que suele tener una buena parte de las personas que habitan en este pedacito de tierra, independientemente de las -muy marcadas- clases sociales a la que pertenezcan y que se separan cada vez más.
Y es que ya casi son 200 años de que esta imagen idílica se construye como una verdad en la mente de todxs lxs niñxs y adolescentes que cursamos la educación formal en este territorio, y a la que seguiremos expuestxs el resto de nuestras vidas cada vez que le echemos un vistazo a las noticias de los medios de paga de los grandes empresarios y a los medios de paga de políticos que difunden en sus notas disfrazadas de oposición… O a la vorágine de ¿información? instantánea que circula por redes sociales, que se presentan -falsamente-como democráticas también.
Pero quizás, usted vea y/o viva la otra Costa Rica. Si logra sortear toda esa exposición de imágenes, mitos y supuestas verdades que se imponen en la educación formal comprendiendo que aquello fue un adoctrinamiento civilizatorio –colonial y capitalista, válganos la redundancia-, y que sirvió para mantener estáticos a los pueblos… Esperando -ó esperanzadx-… Siempre rezando para que los políticos procuren una vida mejor para la sociedad después de las elecciones, como dicen los libros de Estudios Sociales y Cívica de primaria, que es lo que supuestamente ocurre después de salir a votar cada 4 años.
Con ese mito de identidad nacional, blanca, culta y casi europea, basada en el exterminio cultural de nuestros pueblos originarios, el despojo de tierras al campesinado, y la negación de la desigualdad social es que los herederos de la colonia se han sostenido en el poder durante varias décadas.
La realidad en la que nos encontramos ni siquiera respeta sus propias falacias de democracia liberal, que venden en discursos y campañas, con la que se jesusea más de unx en este país.
Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia formal institucionalizada, o institucionalizante, y también en cualquier otro tipo de democracia, entendidas como procesos continuos e inacabables, igual que la revolución.
Audiencia contra Stella Chinchilla
La primera en acudir al citatorio del Poder Judicial fue Stella Chinchilla, una reconocida comunicadora independiente que acumula bastantes años de darle cobertura a las manifestaciones populares y acciones callejeras, que tiene diversos canales de comunicación, y que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Centro de Amigos para la Paz.
Ella fue detenida el 29 de octubre del 2020 cuando se encontraba transmitiendo en vivo el inicio de un mitin que se iba a realizar en una carretera nacional, en el marco de las protestas contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento, llegaron decenas de policías a interceptar a lxs manifestantes para identificarles y generar listas con números de identificación y nombres, en un Estado que cada vez más, se acerca a un Estado policial, todo esto por orden de alto mando, bajo falsos supuestos, que más tarde quedarían en evidencia.
El resultado de la intervención de la policía fueron tres personas detenidas, una de ellas fue Stella Chinchilla, mientras transmitía. Las tres personas fueron liberadas, dos de ellas con un parte policial; mientras que a Chinchilla se le abrió un caso por flagrancia, y se le citó para el pasado martes 10 de noviembre del 2020, en los Tribunales del cantón central de la provincia de Cartago.
A Stella Chinchilla se le acusó de resistencia al arresto y obstrucción de la labor policial, agrediendo y pateando a oficiales de la Fuerza Pública. Aunque en un primer momento, se le acusó de otros delitos.
En esa audiencia, todos los cargos contra Chinchilla fueron desestimados por no contar con evidencias que respaldara las supuestas agresiones que había cometido la comunicadora contra los policía, que reflejan una peligrosa tendencia de la policía a mentir y montar falsos casos, para reprimir y criminalizar como sucede, por ejemplo, en Chile con los Carabineros.
Es importante mencionar, que días antes de que se le detuviera, Chinchilla registró y difundió ampliamente la presencia de policías infiltrados en las acciones callejeras contra el acuerdo con el FMI; horas antes de ese registro, también logró capturar con su cámara actitudes sospechosas entre unos policías y un fotógrafo de uno de los principales medios corporativos y formadores de opinión pública del país, en las que todo parecía indicar que este fotógrafo les facilitaba imágenes de lxs manifestantes para identificar personas claves, lo que nuevamente refleja una peligrosa alianza entre el poder y medios corporativos para criminalizar la protesta.
Cuestionado político demanda por difamación y delitos contra el honor a estudiante, al director del canal de televisión universitario y a la universidad pública que tutela ese canal
El pasado 26 de febrero del 2020, la producción del espacio Suave Un Toque recibió la notificación de demanda por difamación y delitos contra el honor en contra de Claudia Campos, estudiante de Derecho y una de las expresentadoras del programa. La demanda fue interpuesta por Juan Diego Castro, exministro de Seguridad, ex ministro de Justicia y excandidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2018, y cuestionadísimo político tradicional de larga data.
La demanda ocurre después de que, en el año 2017, el espacio dedicara una parte de un episodio a evidenciar los múltiples hechos cuestionables en los que ha incurrido este nefasto personaje de la política nacional y que han sido divulgados en medios comerciales: no sólo en su desempeño como funcionario público, sino también en hechos de su vida personal, que ponían en evidencia la megalomanía de este personaje político.
Este espacio de comunicación independiente utiliza la sátira y la comedia como recursos para difundir sus contenidos, y en el año 2017, era transmitido por Canal UCR, el canal de televisión de la Universidad Costa Rica –una de las principales universidades públicas del país.
Por esa razón, este político también incluyó en su demanda al Director del canal, Marlon Mora, y a la Universidad de Costa Rica.
En días recientes, Claudia denunció que dos personas sin identificarse andaban repartiendo volantes por su comunidad, difamándola a ella y a su abogado, en una clara acción de intimidación.
El juicio inició el pasado 11 de noviembre del 2020, y se extendería hasta el 13 de noviembre del 2020 en los Tribunales de Goicoechea, en la provincia de San José.
Sin embargo, el día 12 de noviembre, Juan Diego Castro, quién es abogado y en medio del juicio decidió retirar a sus representantes legales para defenderse él mismo, provocó un alboroto y profirió una serie de insultos y argumentaciones contra el abogado defensor de la joven demandada, desnudando una rencilla personal que tenía con este.
El espectáculo de este político –recordado por su autoritarismo y matonismo- concluyó con el grito: “(…) no le pego un tiro porque yo creo en Dios, pendejo” contra el abogado defensor, y con un supuesto “subidón de azúcar”.
El juicio fue suspendido y se reanudará el próximo lunes 16 de noviembre del 2020.
Comunicador de medio independiente de Cañas acusado de atentado y obstrucción de la vía pública
El pasado 8 de octubre del 2020, en medio de los bloqueos y protestas contra el acuerdo con el FMI, la comunidad de Cañas, en Guanacaste, al norte de este territorio, vivió uno de los episodios más represivos que se vivieron durante esas semanas de protesta permanente.
La represión contra la comunidad ocurrió en un momento que las vías no estaban bloqueadas, el principal argumento del Estado para reprimir los cierres de ruta, pues desde el año 2002, los cierres de calle sin autorización, se incluyeron como delito en el Código Penal.
Durante poco más de dos horas, la brutalidad policial se encargó de intoxicar al pueblo con gases lacrimógeno, incluso en zonas donde lo que habían eran barrios dónde las familias estaban dentro de sus casas y no estaban participando de la manifestación: hasta allí llegó le represión, dentro de las casas, donde incluso le facturaron el brazo a una joven dentro de su hogar.
Ese día, 21 personas resultaron detenidas por los antimotines, incluyendo al comunicador independiente Roberto Jara, del medio Cañas Informa TV 24/7 que se encontraba transmitiendo en vivo toda la represión de los cuerpos policiales.
Como un dato importante de señalar es que cuando inició la represión en Cañas, un medio corporativo se encontraba en el sitio transmitiendo en vivo para televisión nacional en horario estelar hasta que, pocos minutos después, la cámara del medio de paga se apagó, y el noticiero pasó a “otras noticias”.
Jara estuvo retenido por 30 horas bajo la falsa acusación de atentado y obstrucción de la vía pública; al dejarlo en libertad, le impusieron varias medidas cautelares.
El día 13 de noviembre del 2020, Roberto Jara acudió a los Tribunales de Liberia en Guanacaste para apelar las medidas cautelares que se le han impuesto; según relata Jara, estas medidas son: no acercarse a menos de 500 mts a una manifestación, ni participar de ellas como periodista comunicador.
Y sobre ello queremos destacar, que parte de la medidas cautelares, por parte del sistema judicial, fue no permitir su trabajo de comunicación e información: es decir, en la democracia costarricense, se le prohíbe a un comunicador, comunicar con plena libertad.
Sin embargo, el Tribunal dejó en firme estas medidas por los próximos tres meses, porque «según» el juez, no afectan su condición económica porque le dicen que puede ir a informar a 500 mts de lejanía.
Tiempos represivos, tiempos neoliberales, como cualquier otro territorio de Abya Yala
Es evidente que los cuerpos policiales y la estructura de seguridad del Estado de Costa Rica se están militarizando y especializando de una manera acelerada. No es casualidad, que los cuerpos de seguridad del Estado reciban entrenamiento y “cooperación” de recursos y equipamiento del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, así como también se han se han generado alianzas con los cuerpos de seguridad de Colombia, Chile e Israel.
Tampoco es casualidad que en este gobierno “del cambio” se haya creado una oficina de espionaje en total secreto llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), estructura paralela a la ya existente Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por la que están siendo investigados el Presidente y varios de sus funcionarios, en estos días.
Tampoco es casualidad que en Costa Rica, paralelo a está avnace represivo, nos enfrentamos a una nueva ola extractvista, dónde no sólo se plantea la pesca de arrastre como una forma de “generación de recursos”, sino que también ya hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden levantar la moratoria a la minería de cielo abierto y la exploración de petróleo.
Tampoco es casualidad la crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, muy propia y común en los ciclos de reacomodo capitalista, y que como siempre, los tecnócratas neoliberales plantean acuerdos leoninos con organismos financieros internacionales y/o pasarle la factura al pueblo aumentando el costo de vida por medio de más impuestos, sin tocar a los grandes empresarios y corporaciones.
Tampoco es casualidad que los pueblos originarios sigan negados, y que en este gobierno se asesinaran a dos dirigentes indígenas impunemente, sin que haya nadie detenido ni procesado por estos casos, mientras los finqueros y sus matones siguen libres.
Tampoco es casualidad que se proteja con ferocidad la propiedad privada, y las familias campesinas que han decidido tomar tierras de terratenientes en años recientes, o han sido desalojadxs con violencia policial y con presencia de guardas de seguridad privada, o han sido engañadas por el Estado.
Ante este panorama, el mismo de cualquier geografía en dónde se asienta el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, la comunicación popular, libre, alternativa o como se nos llame, resultamos vitales para generar procesos de conciencia y organización popular, pero empiezan a callar nuestras voces: Costa Rica no es un paraíso de paz y democracia, es un territorio donde se aplastan las voces disidentes y se reprime a quienes cuestionen esta realidad.
Históricamente ha sido así, basta revisar un poco de historia no oficial. Y por eso, poco se sabe de la “idílica” Costa Rica.
