Los 24 adultos detenidos ayer por incendiar llantas y bloquear el paso por la carretera Saopim, en Moín se exponen a una multa que va de ¢37.000 a ¢222.000.
Así lo establece el artículo 393 del Código Penal, que califica la obstrucción de las calles como un delito menor (contravención).
La sanción se calcula entre 5 y 30 días multa, según el salario de un Oficinista 1 del Servicio Civil.
En esa circunstancia se encuentran 10 empleados de Japdeva que se dedican entre otras cosas a operar montacargas, mecánicos, atracadores de barco y supervisores.
También hay dos profesores universitarios, dos estibadores y dos funcionarios de Envases Industriales de Costa Rica (Envaco).
También se incluyen dos empleados de la Municipalidad de Limón, un pastor misionero y dos amas de casa. La lista la completan un peón agrícola, un jornalero y un hombre con oficio desconocido.
La Fiscalía tendrá que investigar si los detenidos también podrían ser acusados por daños a la propiedad privada y asaltos.
Aquí se incluye la quema de siete furgones y las denuncias de varios conductores asaltados.
José Luis Castrillo, exsecretario sindical de Japdeva, sostuvo que sus compañeros de gremio no son responsables de los incidentes ocurridos ayer en Moín.
