La semana anterior hicimos una pausa con el tema de las consultorías para informarles del proyecto de marinas, pero hoy vamos a continuar la millonada que se ha gastado en la estructura paralela del Estado.
La denuncias continúan, y lo que ha salido a la luz pública es tan solo una parte del Estado paralelo montado por el mal gobierno de los Arias.
Ahora resulta que según una denuncia realizada por el diputado Alberto Salom, la Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE) aportó fondos para pagar consultorías en esta administración a personas que luego recibieron sus contratos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ello fue confirmado por el Ministerio de la Presidencia ante una consulta realizada por el diputado Salom.
Empresas pertenecientes a la directora de prensa de la Casa Presidencial, Mishelle Mitchell, así como del informático Alejandro Trejos, figuran entre las personas físicas y jurídicas que recibieron pagos por consultorías provenientes de FUCE.
Recordarán ustedes la participación, nada grata por cierto, de Mitchell en el noticiero Telenoticias en el que parecía más una propagandista del libre comercio, que una comunicadora.
Y qué decir de Alejandro Trejos, que frecuentemente enviaba por vía electrónica basura, o spam, como quieran llamarle, con propaganda gubernamental.
Pero volviendo a las consultorías, en total, la Fundación FUCE, aportó más de ¢40 millones a la administración Arias Sánchez, entre agosto del 2006 y enero del 2007.
Y en esa lista también figuran el economista Jorge Cornick y el exasesor parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rafael Ortega Tellerías.
De acuerdo a Salom, esta nueva información “pone en evidencia que el Estado paralelo es un entramado que funciona desde hace mucho tiempo; son variaciones sobre un mismo tema, ya se había denunciado la participación de FUCE y la Fundación Costa Rica – Estados Unidos (CRUSA) en una estructura paralela”.
FUCE ha sido relacionada desde el 2003 con el financiamiento de una estructura paralela al Estado.
Recordemos que en julio de ese año, el Semanario UNIVERSIDAD divulgó denuncias formuladas por una Comisión de Rendición de Cuentas de los Funcionarios y Empleados Públicos, nombrada y disuelta luego por el entonces presidente Abel Pacheco.
En ese momento, se demostró que a través de FUCE y de la Fundación Costa Rica- Estados Unidos (CR-USA), el gobierno de Estados Unidos financió la estructura paralela al Estado, la cual incluso incluyó las actividades del equipo negociador del TLC, firmado con ese país, Centroamérica y República Dominicana.
En ese sentido, dicha Comisión apuntó que FUCE canalizó recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, junto con otros fondos provenientes de la venta de las empresas de la Corporación Costarricense para el Desarrollo (CODESA), y de Cementos del Pacífico S. A. (CEMPASA), que estaban en el Fideicomiso de Inversiones Transitorias (FINTRA).
Consultado al respecto, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Oscar Núñez, dijo no encontrar problema con este caso, “en tanto la cooperación internacional establezca un rubro para coadyuvar en el pago estrictamente de consultorías en materia de gobernabilidad”.
Además Núñez manifestó que más allá de “la bondad de los organismos internacionales de contribuir”, se debe atender la responsabilidad con que se utilizan esos recursos.
“El tema de las consultorías en sí mismo no es algo malo, debe haber una mayor sensibilidad y mayor responsabilidad en el adecuado uso de esos recursos para consultorías que realmente sean necesarias”, señaló.
Salom, por su parte, fue tajante al cuestionar: “¿Cuál es el mandato a la Constitución que juraron los gobernantes? Esto es una violación flagrante a la misma Constitución Política, a las leyes, a su Plan Nacional de Desarrollo y a su propio plan de gobierno, pues nunca dijeron que iban a manejar el Estado así, si lo hubieran hecho jamás habrían ganado las elecciones”.
Para hacer un pequeño resumen, los fondos provenientes de FUCE sirvieron para pagar en total a:
Jorge Cornick ¢1.680.000;
a Rowland Espinoza, ¢4.680.000;
Arisol Consulting, ¢2.340.000;
Norman Chacón, ¢6.204.000; Mitchell & Young, ¢5.583.000;
Enfoques Estudios de Opinión, ¢3.120.000;
Sandra Piszk, ¢4.168.000;
Rafael Ortega, ¢2.092.000,
y Setso Bua y Matata, ¢10.400.000.
En total la administración Arias recibió de FUCE la suma de ¢40.267.000.
Recordemos que varias de estas personas, como Cornick y Rafael Ortega, así como las empresas Mitchell & Young y Setso Bua y Matata, son vinculadas tanto al llamado PLUSC como a la campaña del “Sí” al Tratado de Libre Comercio durante el proceso de referendo.
La próxima semana estaremos trayendo más información sobre el estado paralelo de los Arias.