Antecedentes
Entre los días 23 y 24 de julio 2009 diversas organizaciones feministas integradas en la coalición Feministas en Resistencia en contra del golpe de estado organizaron un encuentro centroamericano para debatir y analizar la crisis política generada por el golpe de estado, bajo la consigna ni golpe de estado, ni golpes a las mujeres.
Este documento es en primer lugar una memoria de este encuentro feminista centroamericano. Además de sistematizar lo discutido y actualizarlo a la luz de posteriores sucesos, intenta agregar algunos elementos de análisis que nos ayude a entender el proceso político que vivimos para crear una estrategia a mediano y largo plazo de defensa de las luchas feministas de cara a la dictadura militar y civil que se instala en el país, para la restitución del orden constitucional.
El Contexto Pre-Golpe de Estado
La convocatoria de la consulta popular que propulsa el Presidente José Manuel Zelaya Rosales se comprendió en su momento como una oportunidad histórica para los movimientos populares, incluido el movimiento feminista para participar directamente en la refundación de la nación y la descolonización de la sociedad. El apoyo a la consulta se entendió como un reconocimiento de su potencial de profundización de la democracia y como oportunidad para introducir demandas de la agenda feminista en relación a los derechos sexuales y reproductivos, ampliación de las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, ampliar la participación política, avanzar hacia la equidad económica entre los géneros, los llamados artículos pétreos de las feministas. Es importante destacar sin embargo, que el apoyo a la consulta popular no se entendió todo el tiempo como incondicional y explícito a un partido político, líder o al Presidente de la Republica. Las organizaciones feministas guardaron una distancia crítica al gobierno melista en varios momentos. Se desaprobó su alianza con el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega por las acusaciones de incesto y por el ataque perpetrado contra las feministas nicaragüenses. Este conflicto de intereses entre feministas y la Presidencia incidió en la renuncia de la ministra del INAM, Selma Estrada, pero se apoyó el ingreso al ALBA que incluso fue aprobado por el Congreso Nacional. Se criticaron sus decisiones en torno al nombramiento de la ministra del INAM, Doris García, lo que llevó a una confrontación directa con el Presidente. No obstante, posteriormente se subscribió un acuerdo con él en el cual se comprometía a impulsar la elaboración, aprobación e implementación de la Política Nacional de la Mujer antes del término de su mandato. Además se acordó integrar una comisión de feministas para auditar el desempeño de la nueva ministra y acompañar el proceso elaboración de la Política Nacional de la Mujer y el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género.
En el marco de la discusión del Encuentro, algunos análisis describieron al gobierno del presidente Zelaya como un gobierno populista y crítico al neoliberalismo pero con frecuencia aplicando medidas un tanto improvisadas y desordenadas; otras lo veían desprovisto de un proyecto político claro, a veces incoherente en sus decisiones políticas; algunas no vieron al gobierno melista tampoco conducente a un clima político constructivo sino mas bien lo juzgaron confrontacional; no obstante, habría que tomar en cuenta que el Congreso Nacional también bloqueó sistemáticamente las iniciativas del Presidente haciéndole muy difícil gobernar. Se ha observado, por otro lado, que él no aprovechó los recursos legales a su disposición que pudieron asistirle en la reversión de muchas de las zancadillas que el Congreso le ponía. También se le vio tolerante a los altos grados de corrupción en su gobierno, algo que comparte con prácticamente todos los presidentes anteriores en la historia política de Honduras. Pese a estas críticas al gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, se reconoce que a medida que el Presidente fue cambiando de identidad política, y abriendo sus puertas al movimiento popular, se dio la oportunidad de un mayor acercamiento con las feministas, que llegaron a negociar incluso acuerdos para fortalecer el INAM e impulsar el II Plan de Igualdad y Equidad de Género, y hacer uso del veto presidencial para impedir la aprobación del proyecto de ley que penalizaría el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, en clara confrontación con los grupos Opus Dei que dominan el Congreso Nacional. Esta es una conquista que se cree pueda ser revertida con el nuevo régimen de facto que tiene en su seno un fuerte componente fundamentalista religioso del Opus Dei. Se espera que la Corte Suprema invalide el veto y que el Congreso ratificará la Ley contra las PAE. Se teme a su vez que la presencia significativa de miembros del Opus Dei en el gobierno dictatorial hará peligrar los convenios suscritos por el Estado de Honduras como la CEDAW.
El apoyo a la agenda feminista que el Presidente demostró con el veto y otras acciones a favor, sin antecedentes en el país, contribuyó a que las feministas fueran ganando espacios y aseguraran su participación en las reuniones nacionales que organizaban el proceso de la consulta popular. Aunque su participación se vio disputada por dirigentes del movimiento popular aun impregnados del sexismo y verticalismo tradicional, las feministas y otras mujeres del movimiento popular supieron hacer uso de su destreza política para sentarse en la mesa de negociaciones y garantizar sus aportes en los debates nacionales.
Hay que destacar aquí que previamente se habían desarrollados esfuerzos por articular el movimiento feminista con el movimiento popular más amplio. Las feministas fueron co-organizadoras del Encuentro Hemisférico contra la Militarización realizado en Intibucá, Honduras en octubre 2008. También participaron en el Foro Social de las Américas que se llevó a cabo en Guatemala en el mismo año. Desde el 2000, algunas organizaciones estaban incorporadas en la Marcha Mundial de las Mujeres aglutinadas en pos de un reforzamiento de los movimientos populares a nivel global. Es decir, se venía haciendo un trabajo político hace casi una década que apostaba a una coalición y articulación de los distintos frentes del movimiento popular con el movimiento feminista. Unirse a la lucha de la consulta popular obedecía a este proceso aglutinador de feministas con fuerzas progresistas de America Latina que pujan por la refundación del estado bajo un nuevo pacto social que se inscribe en profundas reformas constitucionales.
En el escenario político de Honduras, la posibilidad de un golpe de estado era evidente mucho antes del 28 de junio, considerando el aislamiento en que se encontraba el Ejecutivo en relación a los demás poderes del estado, y particularmente con el Congreso Nacional. Se habla de que el 25 de junio hubo un golpe de estado técnico cuando el Jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez se niega a cumplir la orden presidencial de garantizar el proceso de la consulta popular el 28 de junio. Este hecho ocasionó que el Presidente manifestara públicamente que había decidido destituirlo, lo que condujo a la renuncia del Ministro de Defensa Edmundo Orellana. En los días siguientes, se tomaron varias medidas que apuntaban a un golpe y trataban de dar legalidad a una serie de ilegalidades como la restitución del Jefe de las Fuerzas Armadas Vásquez Velásquez por parte del Congreso cuando su destitución no se había materializado y cuando el Congreso no tenía potestad de nombrarlo y restituirlo; ello implicó una clara confrontación con el Ejecutivo. Su declaración como héroe nacional por el Congreso Nacional por negarse a obedecer al presidente cuando su desobediencia constituía, en realidad, una violación de la constitución. La declaración de la consulta popular como inconstitucional cuando esta se amparaba en la Ley 3-2006 de Participación Ciudadana; la intromisión del Tribunal Supremo Electoral al declarar inconstitucional la encuesta cuando no tiene potestad de decidir sobre cuestiones relacionadas a consultas populares dado que su única función es la de organizar y dirigir procesos electorales y no puede ser deliberante en el proceso .
En la antesala del golpe habría que destacar dos elementos: uno, que el proceso de la consulta popular se le había escapado de las manos al Presidente Zelaya por varios lados. Da la impresión que no se tuvo al principio cuidado de fundamentar la consulta popular legalmente lo que le dio la oportunidad al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia de declararla ilegal—aunque para ello tuviera que desvirtuar las leyes. Es así que la consulta sufre cambios de nomenclatura (de consulta popular y luego a encuesta de opinión) y es sometida a dos decretos presidenciales hasta fundamentarla en la Ley 3-2006. Quede establecido aquí que la Ley 3-2006 permite la posibilidad de realizar una consulta genérica a la población no vinculante que no viola de ninguna manera la constitución nacional. No obstante, el uso de la Dirección Nacional de Estadísticas para procesar lo que al final se le llamó encuesta de opinión no parece contemplado en la ley. El procesamiento de datos de temas políticos se supone no entraría en sus funciones, aunque el carácter no vinculante podría usarse como argumento para su intervención. En todo caso la cuestión sobre la ilegalidad del procedimiento ejecutivo con la encuesta popular, todavía está por dirimirse, dada la contaminación de intereses políticos en los organismos del estado implicados en el golpe.
Pese a estas consideraciones, el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la consulta popular se fundó en el artículo 5 de la constitución que se refiere a las figuras del Referéndum y Plebiscito los cuales necesitan dos tercios de aprobación por el Congreso y se refieren a cambios de leyes concretas y son vinculantes. Es decir, que el fallo de la Corte Suprema ignoró el segundo decreto presidencial amparado en la Ley 3-2006 que si permite consultas y encuestas no vinculantes. Esto mostraba la respuesta del Ejecutivo a las demandas de la Corte y el Congreso respecto al primer decreto. Por otro lado, el fallo de la Corte Suprema se apoyó en una sentencia de un Juzgado de Letras Contencioso, un juzgado de primera instancia que no tiene potestad sobre estos asuntos de Estado. Llama la atención que todo este procedimiento constituía un contrasentido en el marasmo de ilegalidades que se construía para materializar el golpe de estado desde la Corte Supremo de Justicia y el Congreso Nacional. Todo esto revelaba ya una seria crisis política y un “colapso del sistema jurídico,” necesario desde el punto de vista de la ultraderecha para concretar un golpe de estado de nueva generación. Es decir, un golpe de estado fundamentado en una falsificación del derecho constitucional y una transgresión de las funciones de los poderes e instituciones de estado sin precedente en el país que se fusionaron para desautorizar al Poder Ejecutivo; un proceso de descomposición del orden jurídico en donde se usa la ley para quebrar la ley y que algunos analistas políticos identifican como la “judicialización de lo político.”
Es importante anotar que la elección de una nueva Corte Suprema alineada con los sectores más conservadores de los partidos tradicionales que dominan el Congreso fue lo que hizo posible en el momento álgido de la crisis política confabular los confusos eventos jurídicos que el gobierno de facto luego llamó la sucesión constitucional como eufemismo al golpe de estado. Posterior a la expulsión violenta del país del Presidente Zelaya, veríamos como la Corte se atribuyó no sólo funciones que no lo eran propias, sino que impuso procesos administrativos para funcionarios públicos inaplicables a un Presidente de la Republica a través de la interpretación absurda de leyes tales como el artículo 354 del Código Penal que trata sobre la usurpación de funciones de empleados públicos.
Y sin embargo, la consulta popular se le escapó de las manos al Presidente Zelaya también cuando los movimientos populares, incluyendo las feministas se apropiaron del proceso de la encuesta. Una vez que se configura la oposición total del “establishment” hondureño contra el Presidente y la consulta popular o encuesta de opinión: la Corte Suprema, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público , el Tribunal Superior de Cuentas, las jerarquías de la Iglesia Evangélica y Católica, los medios de comunicación, las organizaciones de la empresa privada con el respaldo de las Fuerzas Armadas y en la sombra, la Embajada de Estados Unidos, el Presidente Zelaya empezó a tambalear en su decisión de seguir adelante con la consulta. No obstante, el movimiento popular que veía en la misma la oportunidad del siglo para ampliar los espacios de participación en el Estado, le exige al Presidente seguir con el proceso. Al tomar esta decisión el 26 de junio, la consulta pasó de ser un proceso impulsado desde la presidencia con apoyo popular a ser una consulta civil con el apoyo de la presidencia. Pero para entonces, las “cajas” ya habían sido decomisadas cumpliendo la orden ilegal de la Corte Suprema de destruir el material para la consulta. Luego en un acto sin precedentes en la historia del país, el 27 de junio 2009, el Presidente Zelaya acompañado de un “río de gente” encabezado por las mujeres de su gobierno, feministas y las mujeres del movimiento popular se dirigieron bajo la lluvia torrencial hacia la base aérea de las Fuerzas Armadas en Toncontín para recuperar las “cajas” que estaban almacenadas en sus hangares. Utilizando la autoridad del Presidente, la gente logró pasar las barreras de los guardias y entrar masivamente a la base militar a recuperar de sus hangares el material de la encuesta. Esa noche el Presidente regresa con el contingente popular a Casa Presidencial y permanecen reunidos hasta la madrugada decididos a llevar adelante la consulta popular al día siguiente.
El Golpe de Estado Civil-Militar
Una vez que la consulta popular había pasado a manos de la sociedad civil, la posibilidad de un golpe de estado se consideró poco probable. Especialmente, porque ese día ya se encontraban en el país las misiones y periodistas internacionales para observar el proceso de la encuesta quienes habían participado en una conferencia de prensa, el 27 de junio, un día antes de la consulta popular. El Presidente Zelaya recibió del propio Jefe de las Fuerzas Armadas la seguridad de que no participaría en un golpe. Ello se lo habría asegurado también, su esposa, Xiomara Castro Zelaya, quien había estado en contacto con el General Romeo Vásquez Velásquez en varias comunicaciones por teléfono el mismo día. Confiados de la palabra del General y la tranquilidad del presidente, los/as representantes del movimiento popular que lo acompañaban se retiraron de la Casa Presidencial en la madrugada dejando que se dirigiera a su residencia. Sin embargo, este optimismo pasaba por alto que luego del anuncio de su destitución, le general Romeo Vázquez Velázquez, había participado en una manifestación pública de reservistas del ejército en San Pedro Sula en su apoyo, lo que dejaba entrever sus intenciones.
A las 5:15 a.m. violentando en un solo acto toda la legislación de la nación, las Fuerzas Armadas con un operativo militar allanaron a tiros la residencia del Presidente de la República, democráticamente elegido por voto popular, lo secuestraron y lo obligaron a punta de pistola a subir al avión presidencial y lo trasladaron a Costa Rica. Un acto supuestamente respaldado por una Orden de Captura, pero que en realidad como se supo después fue fabricada post facto. La Orden de Captura no sólo no se mostró en ningún momento a la hora del arresto, sino que además se fundamentaba en el peligro de fuga y no arraigo, algo absurdo tratándose del Presidente de la República. La supuesta Orden de Captura fue también ejecutada por el ejército y no la Policía Nacional como dicta la ley y fuera de las horas en las que la ley estipula se lleven a cabo los arrestos, es decir, entre 6am y 6pm. Al capturársele y sacarlo a la fuerza del país en un avión de la Fuerza Aérea y depositarlo en Costa Rica se le violó asimismo su derecho de legítima defensa ante un tribunal para responder a las serias acusaciones que se vertieron contra él una vez fuera del país, como el delito contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad, y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y del estado. A esto habría que agregar la forma en que se violó la constitución al sacar al Presidente del país cuando se prohíbe el destierro de un ciudadano desde 1906, una ley que al parecer quiere ser resucitada por el presente régimen dictatorial.
Luego del secuestro del Presidente de la República, el Congreso en una sesión extraordinaria de quórum dudoso en la que no fueron convocados diputados liberales y del partido Unificación Democrática— y quienes han denunciado que se alteraron las listas de los presentes y que fueron los suplentes y no los diputados titulares los que votaron ese día— se produjo lo que se describe como un acto digno de la edad media o la Santa Inquisición. Se juramenta por unanimidad como nuevo Presidente de la República, al ex presidente del Congreso y perdedor de la candidatura y elecciones presidenciales en dos ocasiones, el empresario de transporte urbano Roberto Micheletti. Para realizar este acto ilegal, sin embargo, se cometen otra serie de irregularidades como obviar que de acuerdo a la constitución en el caso de que falte el Presidente del Congreso este cargo le corresponde a la vice-presidente ocupada por Lizzy Flores. Sin embargo, en ese cargo fue investido el Secretario del Congreso, Alfredo Saavedra. A este acto los golpistas le han llamado la “sucesión constitucional” en una repugnante distorsión de la constitución nacional, pero con una clara asociación al legado de la Doctrina de Bush que se conoce como el “cambio de régimen. ” Vale recalcar, que la figura jurídica de la sucesión constitucional no existe en la constitución nacional y jamás ha sido citada ni utilizada anteriormente. Aunque los golpistas tratan de legitimar la figura aduciendo que en el caso que un presidente intente violar uno de los artículos pétreos de la constitución, por ejemplo, perseguir la reelección, este automáticamente queda cesado de su cargo. Pero no existe ninguna evidencia de que el Presidente Zelaya buscaba la reelección a través de la cuarta urna. Ello era una imposibilidad técnica puesto que la consulta hacía la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en el cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Constituyente? Es decir, era una consulta sobre una consulta que no hacía posible en el tiempo que le sobraba de su presidencia aprovecharse para realizar su reelección. La insistencia en que el verdadero objetivo de la consulta popular era la reelección del Presidente Zelaya y que por tanto colocaba al país ante una “necesidad de estado” y ello ameritaba un golpe de estado, constituye otra aberración jurídica. Es obvio que no se puede juzgar un acto que no se ha cometido y del cual sólo se puede especular.
La Resistencia de las Feministas
Las feministas que conformarían la coalición de las “Feministas en Resistencia” inmediatamente informaron al mundo vía Internet del golpe de estado y adhirieron representantes del movimiento feminista dentro Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado que se formó inmediatamente después del golpe. Se convocó a una primera reunión de emergencia para evaluar los acontecimientos. Se creyó en un primer momento que el golpe podía ser revertido si se realizaban acciones rápidas. Por eso, el mismo día del golpe el Frente Nacional de Resistencia organizó una gran manifestación frente a la Casa Presidencial y las feministas participaron. Ese día aún no se había creado el nombre de “Feministas en Resistencia,” sin embargo, sus camisetas y consignas hacían clara manifestación pública de que las feministas estaban en contra el golpe de estado. En los días siguientes surge la identificación de “Feministas en Resistencia”, convirtiéndose prontamente el nombre en el emblema de la resistencia feminista y que quedó plasmado en una alusiva manta llena de flores de colores. Con esa manta marcharon en las siguientes jornadas de protestas callejeras contra el golpe. Se hicieron camisetas verdes con el nuevo slogan identitario surgiendo en las calles al calor de las manifestaciones el nuevo ethos de las feministas hondureñas.
La manifestación del 29 de junio frente a la Casa Presidencial fue brutalmente reprimida por la policía y el ejército apostado en las calles y dentro de la presidencial. En los siguientes días se decreta el toque de queda, se suspenden las garantías constitucionales mediante un decreto del Presidente de facto y comienza el cierre de medios de comunicación como Radio Globo, Radio Progreso y el Canal 36; los programas radiales del CEM-H “La Bullaranga y el CDM “Tiempo de Hablar” trasmitidos por Radio Cadena Voces fueron suspendidos en las emisiones siguientes. Estos actos magnificaron la ilegalidad del régimen usurpador que ahora declaraba un estado de emergencia prorrogable e indefinido violando los derechos ciudadanos de la población, la constitución nacional y la Convención Americana que no califica la actuación de los ciudadanos en protesta como motivo para declarar un estado de excepción y menos de manos de un régimen que ha llegado al poder mediante la fuerza. Peor aún, los toques de queda no sólo no fueron nunca publicados en La Gaceta como la ley lo dispone, sino que eran anunciados en cadenas nacionales, cambiados constantemente de forma arbitraria y se prolongaron mucho mas allá de las 72 horas que estableció el único decreto presidencial que declaró el toque de queda del gobierno inconstitucional.
Si bien al comienzo de la resistencia organizada, las acciones se desprendían de la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia, poco a poco las “Feministas en Resistencia” han ido realizando actividades independientes. Ello no ha significado una dispersión, sino más bien una generalización de la protesta a la cual convergen en forma casi espontánea los diversos componentes del movimiento popular. Esta es la situación por ejemplo, del plantón que se realizó frente el Instituto Nacional de la Mujer a raíz de la imposición de nueva autoridades por parte del régimen de facto. A este plantón se fueron adhiriendo organizaciones de las etnias y más tarde del movimiento amplio que integra el Frente Nacional de Resistencia, pese a que el plantón no había sido convocado por el Frente. Este plantón fue duramente reprimido por las fuerzas policiales militarizadas y cohesionó el movimiento feminista al movimiento popular más amplio de una manera quizá inusitada. Ello volvió a producirse en el plantón frente a la Embajada de Estados Unidos a los pocos días en las cuales otros movimientos sociales se unieron a la protesta en respuesta a la convocatoria de las “Feministas en Resistencia.” A estos plantones se le suma la protesta frente a la Cruz Roja Hondureña por su complicidad con los militares y el régimen de facto al negarse a prestar ayuda humanitaria a la población que se movilizó hacia la frontera con Nicaragua en el Departamento de El Paraíso donde Zelaya había anunciado que ingresaría al país, y que fue sitiada por la declaración de toques de queda de hasta veinticuatro horas consecutivas a lo largo de varios días que impedía el traslado de agua, alimentos y medicamentos. Se conocieron denuncias desde El Paraíso, de que la Cruz Roja incluso utilizó sus unidades para transportar gases lacrimógenos para reprimir a la población. Integrantes de las “Feministas en Resistencia” se trasladaron a la frontera brindando continuamente información de primera mano de los sucesos.
Las “Feministas en Resistencia” además cuentan con su propia red mediática con sus programas radiales tales como La Bullaranga del CEM-H y Tiempo de Hablar del CDM y Radio Cadena Voces los Sábados. Luego de esta cadena de eventos y acciones, se convoca al Encuentro de Feministas Centroamericanas para juntar fuerzas y ahondar en el análisis político de la situación post-golpe y la elaboración de estrategias. A la vez que se proyectan otras actividades como la Semana de los Derechos Humanos que se realizará a partir del 13 de agosto; la invitación a integrantes del Observatorio de la Crisis para una jornada de análisis del papel que la crisis económica mundial esta jugando en el golpe de estado de Honduras y el Encuentro Nacional de Mujeres en San Pedro Sula donde la organizaciones de mujeres y feministas de la zona norte también está realizando un trabajo político importante.
Las “Feministas en Resistencia” han asumido la tarea de documentar las violaciones de los derechos humanos que se han dado a raíz del golpe de estado, en particular a los derechos de las mujeres. En este sentido, recomiendan hacer las denuncias a las autoridades correspondientes aunque se sabe que no las procesarán, pero servirán para argumentar los casos frente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permanecerá vigente por dos años más aunque Honduras haya sido expulsada de la OEA. Se ha hablado de la posibilidad de invitar a Baltazar Garzón, que hasta hace poco tuvo juridicción internacional para denunciar el caso de Honduras como otra opción ante la desprotección legal e institucional en el país. Se elaborará un informe en la Semana de los Derechos Humanos que documentará las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres.
Por otro lado, se reconoce la crucial importancia del análisis constitucional y legal ante la actual crisis y de los avances que se han hecho en esta materia dentro del movimiento feminista. Esto es importante por la judicialización de la política que actualmente sirve también para encubrir los juicios políticos bajo acusaciones de delitos comunes. Ejemplos de ello, son el mismo golpe de estado y las acusaciones de corrupción que se construyen a diario en contra de los enemigos políticos y el movimiento popular en resistencia. Pero el desarrollo de un pensamiento legal también se ve en la necesidad de establecer las demandas feministas frente al proceso de la constituyente a la que todas apostamos en el futuro. Sin duda, la experiencia del golpe de estado, nos llama a replantearnos los cuestionamientos del pasado sobre la importancia de la participación feminista en el estado, las reformas legales, el discurso de los derechos humanos, los procesos de “oenegización” del movimiento etc.
Las “Feministas en Resistencia” ven con preocupación el terrorismo mediático que se ha montado a raíz del golpe de estado. Los medios en Honduras no sólo existen como un monopolio de unas cuantas familias, la mayoría de ellas de origen árabe y asociadas al capital transnacional que se beneficia del régimen del TLC, sino que son utilizados por la derecha golpista para construir una realidad basada en mentiras, el miedo y el odio. El discurso hegemónico tiene la ventaja de tener un efecto anestésico sobre la población que ahora vive en el limbo legal y bajo una gran incertidumbre. El discurso contra hegemónico de las feministas es perturbador y quizá no sea todo el tiempo el más apropiado para enfrentar el poder mediático de la derecha. Se necesita un discurso contra hegemónico que vaya más allá de la deconstrucción del discurso de la ultraderecha y se necesita hacer uso de los medios alternativos a nuestro alcance. Sin duda, los recursos discursivos como los materiales están mal distribuidos y en la era de la información el poder discursivo se vuelve un arma tan importante como las armas de fuego. Las “Feministas en Resistencia” en corto tiempo han entendido la importancia de construir el discurso contra hegemónico, el que se hace visible en sus consignas y en las protestas en la calle, videos, boletines etc. Pero deberá seguir creativamente elaborándose utilizando lo más moderno de las tecnologías comunicativas virtuales como el Twister, y los medios no virtuales.
Estados Unidos y el Golpe de Estado
El estilo de gobierno del Presidente Zelaya removió los cimientos del bipartidismo en el cual ha descansado por décadas el rígido sistema político de Honduras. Considerado un advenedizo por la rancia oligarquía y los grupos económicos de origen árabe en el país, su estilo de liderazgo y personalidad caudillesca basada en un ruralismo de corte populista alienaba a esta clase dominante acostumbrada a tener control sobre la silla presidencial. Pero aún más alarmante para la oligarquía conservadora fue el grupo de “patricios” que empezó a rodear al presidente con discursos de izquierda jamás ventilados en las altas esferas de la política hondureña y que fueron desplazando a políticos tradicionales de su influencia en el gobierno. Al mismo tiempo, con el ingreso del país a Petrocaribe para solventar la crisis energética, Zelaya entraba más en contacto con las fuerzas políticas del Proyecto Bolivariano de Hugo Chávez y aumentaba sus alianzas con el movimiento popular. Algunos analistas afirman que fue el rechazo a “Mel” de la misma oligarquía y de fuentes tradicionales de financiamiento lo que lo empujó a los brazos del ALBA. Conflictos tales como los que tuvo con el magnate Miguel Facussé sobre la inversión pública en biocombustibles se señalan como claves para la oposición que la oligarquía tradicional fue formando en contra del Presidente. Medidas como el aumento salarial en un 60%, y de ahí la injerencia constante del Congreso en la gestión del Ejecutivo y en respuesta la dilación del Presidente de presentarle el presupuesto nacional al Congreso así como las decisiones respecto a la ejecución de los fondos de la ERP fortaleciendo la Red Solidaria a lo largo de su gobierno, causaron tremenda conmoción en el Congreso controlado por las dirigencias conservadoras de ambos partidos y la clase empresarial. A ello se le suman los conflictos que tuvo con el capital transnacional en el campo de la minería, la industria farmacéutica, de comunicación y de generación de energía por la presión del movimiento social que profundizaron el malestar más allá de la clase política local. Sin duda, el estrechamiento de sus vínculos con Chávez, la entrada al ALBA y en general su gradual identificación con el giro a la izquierda de América Latina le fue ganando la desconfianza y el odio de la ultraderecha tanto nacional como internacional.
La cuarta urna fue la gota que colmó el vaso de agua. El sistema político hondureño intensamente corrupto, retrogrado y poco visionario no tiene la capacidad de tolerar cambios en la estructura colonial del poder que le caracteriza desde hace 200 años. La colonialidad del poder le permite a las clases dominantes mantener sin empacho a la mayoría de la población en condiciones de pobreza e indigencia y sin derechos ciudadanos. Todos estos factores contribuyeron para agudizar las contradicciones históricas que arrastra el país aún antes de su fundación como república independiente. Pero quizá no alcanzaban para arrojarlo en la profundidad de la crisis y polarización en que se vive actualmente, si no se contara con la injerencia del gobierno de Estados Unidos que ha sido una constante en los golpes de estado del país y del resto de la región y si no se toma en consideración el contexto internacional en que la historia de golpes de estado se reabre en la región.
En los últimos años se intentó llevar a cabo golpes de estado fracasados Venezuela y Bolivia, el golpe en Honduras presenta el primero del siglo XXI bajo el formato que lo que los mismos golpistas llaman un “nuevo paradigma de golpe de estado” en donde los militares dan el golpe pero se mantiene la participación civil en la dirección del gobierno de facto apelando a una justificación jurídica que encubre la ruptura del estado de derecho, con una “sucesión constitucional”. Si bien los militares no vuelven a las barracas pero se mantienen en las calles adoptan un segundo plano de protagonismo detrás de los políticos que aparecen como los lideres del proceso. Es un golpe de estado civil militar que como se ha indicado antes se ampara en la corrupción de la ley o la judicialización de lo político y en un bloque histórico transnacionalizado de la ultraderecha que busca recuperar el poder perdido por el desplome del modelo neoliberal y sus descalabros electorales tanto en el propio Estados Unidos como a lo largo y ancho de America Latina. El golpe de estado contra Honduras constituye, en este sentido, un pre-escenario político que se desea proyectar no solo al resto de América Latina, particularmente a los países del ALBA, sino que a Estados Unidos mismo en su ambición de recuperar su papel hegemónico en la región y en el mundo. Es el ensayo de laboratorio para el retorno de la ultraderecha al poder como lo fue Chile en 1973 con el golpe contra Salvador Allende y que permitió instalar el modelo neoliberal posteriormente a nivel planetario.
La pregunta que se planteó a las primeras horas del golpe ha sido tratar de determinar cual fue el papel que tuvo los Estados Unidos y el grado de conocimiento del Presidente Obama. Muchos son los trazos que se encuentran de la intervención del Pentágono, la CIA y la Embajada Americana en los preparativos del golpe. Las contradicciones entre las declaraciones de Hillary Clinton y Obama pareciesen revelar que no hay consenso en como reaccionar ante su consumación y que quizá como han dicho algunos comentaristas norteamericanos, Obama no ha tenido tiempo para concentrarse en el golpe de Honduras. En el encuentro del 23-24 de julio se planteó, sin embargo, que Obama tuvo que conocer del golpe porque de lo contrario habría que aceptar que existe un gobierno en las sombras en Estados Unidos que determina y lidera la política exterior a espaldas del presidente. Se contempló la posibilidad de ello si se considera el poderío que tiene el complejo militar industrial en el país y la dependencia de la economía norteamericana de las guerras para la recuperación económica. La cultura militarista de EEUU es, sin duda, muy fuerte y es difícil imaginarse aspirar a la presidencia de ese país sin compartir los objetivos de dominación global con los estamentos militares que se han convertido en una especie de aristocracia en el país. Probablemente, Obama no represente una excepción en este patrón de dominación.
Por otro lado, nadie se imagina que la ultraderecha de un país tan pequeño y pobre como Honduras, pueda mantenerse por tanto tiempo sin un apoyo político y financiero de afuera, sobre todo con una postura internacional tan monolítica en contra del golpe. Muchas rutas nos llevan al establishment estadounidense. Quizá el más obvio es la contratación de Lanny Davis y Bennet Ratcliff por parte del gobierno golpista para cabildear el Congreso de Estados Unidos y volver aceptable el golpe en un congreso dominado por demócratas. La tibia oposición al golpe sobre todo contrasta con la del resto del mundo occidental que lo ha condenado y tomado medidas concretas para ahogar a los golpistas. Lo paradójico es, sin embargo, que la ultraderecha en Estados Unidos se encuentra en la peor crisis de su historia y muy desprestigiada luego de una cadena de escándalos públicos sobre corrupción y sexualidad de varios republicanos de renombre. Quizá mas paradójico aún es que Obama haya duplicado el presupuesto militar, las tropas norteamericanas, intensificado la guerra en Afganistán, nombrado a un gabinete económico de Wall Street y que su plan de reforma de la salud sea tan débil. Todo esto apuntaría a que Obama, por la vía de su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, no persigue políticas distintas a la de los de los republicanos como se creyó en un comienzo, sino que se trata de hacer uso de un imperialismo basado en lo que llaman el poder inteligente. Hace ver que sus pronunciamientos en el Foro de las Américas y la OEA por una política de no intervención en los asuntos internos de America Latina son pura retórica del imperialismo humanitario que comenzó con Bill Clinton. Obama igual que Bush busca recuperar el campo perdido en America Latina y revertir el giro a la izquierda eliminando a la figura principal que ellos ven en Hugo Chávez. La histeria contra Chávez en el país no se entiende del todo sin este trasfondo de la política norteamericana.
Sin embargo, como se planteó en el encuentro la mayor preocupación de Estados Unidos no es Chávez en sí, sino el avance de la conciencia de los movimientos populares de América Latina que puede decirse, son los más avanzados en términos políticos del planeta. El blanco de la ira son los movimientos populares que han llevado a líderes como Chávez, Morales y Correa al poder. Lo interesante es que la ola ultraderechista no sólo busca derrocar los gobiernos latinoamericanos, sino que buscan desestabilizar el propio gobierno de Obama que hoy acusan de socialista por buscar reformar el sector salud. Es decir, que a Obama de nada le ha servido su alineamiento con la derecha pues la ultraderecha estadounidense igual que la ultraderecha hondureña no tiene ninguna capacidad de cambio, y como estos que ven a Mel como un peligro para su dominio de clase, ven en Obama un grave peligro tanto para el mantenimiento de su dominio interno como externo. Al final, pareciera que Obama en los ojos de la ultraderecha formara parte del giro a la izquierda que se dio en el continente. Debe quedar establecido, sin embargo, que ambos procesos están interconectados.
Ahora bien, el golpe de estado logró truncar por el momento el deseo de los sectores populares de Honduras de instalar una constituyente e iniciar un proceso de refundación del estado. Pero, el gobierno de facto no ha podido consolidarse en el poder. No se contó con la respuesta del pueblo hondureño ni se previó su grado de madurez política. No obstante, el objetivo una vez instalado el golpe ha sido agotar la resistencia y volver a la normalidad, es decir, a la situación pre-Zelaya cuando la ultraderecha gobernaba sin contrapiés. Por eso se instaló la mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, un personaje leal a los designios globales e imperiales del gobierno de Estados Unidos y desprestigiado en su país por su estilo autoritario y su manejo empresarial. Las feministas costarricenses afirman que Arias entró en el cálculo estratégico para trasladar la crisis política fuera del territorio hondureño y de esta manera no solo invisibilizar la resistencia heroica de l@s hondureñ@s, sino que apartar a la OEA de en medio que no sólo había expulsando a Honduras de su seno sino que se le veía como un instrumento de Chávez. La mediación de Arias daba la impresión también de reducir la violencia que el golpe de estado evocaba en las sociedades latinoamericanas. La negociación con Arias en Costa Rica tenía a su vez la ventaja de reconocer subrepticiamente al gobierno de facto como si fuese una contraparte legítima en el proceso. Y sin embargo, las negociaciones fracasaron por la intransigencia de Micheletti y de otro lado, la represión de los movimientos populares en Honduras se ha recrudecido. Hasta la fecha (8.8.09) ha producido ocho muertos y dos desaparecidos, centenares de heridos, y miles de detenidos. La regresión al pasado no ha resultado fácil pero dentro del cálculo también entraba la prolongación de la crisis hasta las próximas elecciones en noviembre. Las elecciones según la miopía de la ultraderecha hondureña y estadounidense terminarán por arte de magia la polarización social que el golpe ha suscitado en el país y devolverán el status quo. Se cuenta además con la corta memoria de la comunidad nacional e internacional que poco a poco iría cediendo ante la inercia de un golpe de estado que se resiste a morir.
Revertir el golpe se presenta como una necesidad no sólo para l@s hondureñ@s sino para todo el subcontinente que ha avanzado en materia de democracia popular. La guerra civil en Honduras no se puede aún descartar de continuar las violaciones contra los derechos humanos que se están dando en la actualidad y la inviabilidad de cambios reales en esta sociedad extremadamente colonizada. Comprensiblemente, los sectores más golpeados pueden sentirse cansados por tanto vejámenes por parte de los militares y una oligarquía intransigente y criminal y considerar la alternativa de tomar el camino de la violencia. Esto probablemente entra en los cálculos del complejo industrial militar de Estados Unidos que se alimenta de las muertes de los pobres del Tercer Mundo. No obstante, la mayoría de l@s hondureñ@s sabe que la opción de la resistencia pacífica es mucho más fuerte y poderosa. El lema “Nos tiene miedo porque no tenemos miedo” expresa bien el espíritu que el pueblo hondureño, y en particular las feministas ha demostrado a casi dos meses de golpe de estado. La resistencia feminista y del pueblo en general ha logrado “pasar las barreras de las armas.” Demuestran una dignidad ciudadana que en vez de recaer en la lógica de muerte de la ultraderecha le ofrece la “razón de la humanidad,” razón que no es otra cosa mas que el deseo de la vida, la perpetuación de la vida en dignidad y el derecho a ser feliz. Si la ultraderecha transnacional escogió a Honduras como su laboratorio de guerra contra América Latina, la resistencia en Honduras no tiene otra alternativa más que romper con la razón genocida de occidente. La tarea de construir la resistencia continental contra la ultraderecha transnacionalizada empezó en Honduras y las feministas tienen un papel fundamental para crear la nueva razón política, una basada en la perpetuación de la vida con dignidad, justicia, y felicidad para todas y todos.