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Cuatro familias de los clanes Kolkiwák y Bubulwák enfrentan una orden de desalojo de la recuperación territorial Kapliña, en Salitre, programada para el próximo 9 de julio de 2026.
El Concejo Ditsö Iríria Ajkõnúk Wakpa de Salitre denuncia que la resolución emitida por la jueza Nancy Patricia León Ulate desconoce el Derecho Consuetudinario, la Ley Indígena de 1977, el Convenio 169 de la OIT, el Derecho Indígena y otras garantías nacionales e internacionales que protegen los derechos territoriales de los Pueblos Originarios.
La decisión judicial prioriza un proceso agrario ordinario por encima de la normativa específica que ampara a los pueblos indígenas, constituyendo una grave vulneración de sus derechos colectivos.
Las familias recuperaron este territorio en 2019 y desde entonces han construido sus viviendas, sembrado maíz, banano, yuca y frijoles, y fortalecido la vida comunitaria. Además, parte del terreno fue destinado a la construcción de una escuela para la comunidad de Puente.
La alarma crece porque la resolución pretende devolver la posesión del terreno a Edwin Guevara Mora, una persona ampliamente señalada por el Pueblo Bribri debido a múltiples agresiones contra recuperadores territoriales e investigado por su supuesta implicación en el crimen contra Sergio Rojas Ortíz, asesinato que continúa en impunidad.
Entre los hechos denunciados se encuentra el rocío de agroquímicos contra un mayor Bribri. Guevara también fue investigado como sospechoso por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan Uniwák, crimen que continúa impune.
La comunidad de Puente se mantenía libre de ocupación ilegal desde 2019. Por ello, organizaciones denuncian que este desalojo no solo amenaza a las familias recuperadoras de Kapliña, sino que también pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad y podría significar el regreso de personas vinculadas históricamente a agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre.
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