A la memoria de Arturo Hernández Cardona, luchador incansable del pueblo guerrerense.
Guerrero, México. En medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez son otra señal funesta de lo que tienen que enfrentar quienes se atreven a levantar la voz, a increpar a las autoridades por ignorar a la población y por ejercer el derecho a la protesta. Los cuerpos de los activistas fueron hallados el 3 de junio, después de cinco días de haber sido desaparecidos junto con otros cinco compañeros. Cuatro lograron escapar y otro sigue desaparecido.
En Guerrero no hay semana que termine sin que se registren hechos sumamente graves que atentan contra la vida, la seguridad y la libertad de las y los guerrerenses. Esta situación sienta un mal precedente para las autoridades del estado porque constatamos que no están cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales; en varias regiones se desdibujan y más bien hay un vacío de poder, que ocupan los grupos del crimen organizado. Cada día se constata la supeditación o colusión de varias autoridades municipales a los intereses delincuenciales. No les queda otra opción que pactar para poder medio gobernar, dejando a la deriva a la población. Esto significa que a nivel regional o municipal existe un poder mayor atrás del poder formal, que existen otros actores extralegales que mueven a control remoto los hilos del poder político y económico.
La economía criminal es la que realmente dinamiza y oxigena la endeble economía local. La prosperidad empresarial no se entiende si no se urde debajo de la alfombra con los negocios ilícitos. Todo tiene que converger en el tráfico de personas, de armas y de drogas.
Guerrero, en el tinglado internacional, forma parte de un enclave estratégico y de un corredor internacional que facilita el trasiego de las mercancías ilícitas para Norte, Centro y Sudamérica. Su ubicación en el Océano Pacífico y su intrincada geografía le permiten desempeñar varios roles dentro de toda la cadena de producción, trasiego, distribución y consumo de drogas. Sus siete regiones amalgamaron y se apropiaron de estos negocios ilícitos que conllevan una lucha sin cuartel por el control del mercado, del territorio, de las instituciones, de los negocios y de las personas. Tienen sus propios códigos de guerra, sus métodos de sometimiento, su estrategia mediática y su autogobierno. Son un Estado dentro del Estado y lo que es peor, le disputan ya al mismo la integridad de su territorio, por el control férreo que imponen en diversas regiones.
Lo más trágico que nos ha pasado a los guerrerenses es que se ha erosionado el poder de quienes tienen la obligación de proteger los derechos humanos y de garantizar justicia a las víctimas de la violencia. No hay remanso que nos permita restañar las heridas sociales causadas por las prácticas sistemáticas arraigadas en nuestra entidad como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Somos ahora víctimas de la violencia imparable que nos impide luchar y organizarnos para alcanzar la justicia, la seguridad y la paz.
Más que un estado de derecho, en Guerrero impera en varias regiones un estado de excepción impuesto por los poderes fácticos de la delincuencia, que disponen de la vida, la libertad y el patrimonio de cualquier persona o familia.
Desde las desapariciones forzadas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y sus posteriores ejecuciones, en febrero de 2009, en nuestro estado se implantó un patrón de persecución, desapariciones y hasta ejecuciones contra defensoras de derechos humanos. Raúl y Manuel fueron defensores del pueblo na savi de Ayutla de los Libres y por su trabajo causaron malestar entre los grupos de poder locales. Nada impidió que los desaparecieran y ejecutaran. Hasta la fecha no hay resultados de la investigación y sus familiares siguen padeciendo los estragos de su ausencia y la falta de justicia.
De igual manera sucedió con las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos defensores ecologistas de la sierra de Petatlán, que por defender los bosques y denunciar el contubernio de las corporaciones policiacas y miembros del ejército con los grupos de la delincuencia organizada, fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011, después de pasar un retén militar cuando viajaban en un autobús a la ciudad de México. A pesar de las denuncias interpuestas y la detención de un comandante de la policía ministerial de Tecpan de Galeana, los familiares de Eva y Marcial no saben nada de los avances de las investigaciones ni del paradero de sus familiares.
La práctica arraigada de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de quienes exigen sus derechos, son crímenes abominables que permanecen en la impunidad. Por eso evocamos la memoria de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, asesinados a balazos por policías federales y ministeriales del estado cuando se manifestaban en la autopista del sol el 12 de diciembre de 2011.
La inacción de las autoridades ante estos crímenes de lesa humanidad, y su colusión con los grupos del crimen organizado deja en total indefensión a las organizaciones sociales que cuestionan la forma de ejercer el poder, y es un mensaje a los agresores de que pueden seguir atentando contra la vida de quienes se organizan para defender los derechos de la población.
Hoy, en medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez son otra señal funesta de lo que tienen que enfrentar quienes se atreven a levantar la voz, a increpar a las autoridades por desatender e ignorar a la población y por ejercer el derecho a la protesta.
Arturo Hernández desde hace décadas se ha distinguido por defender los derechos de la población marginada del Valle de Iguala. Su desaparición y posterior ejecución representa un agravio más a la sociedad en general y a los luchadores sociales de Guerrero en particular, porque han entregado su vida para construir una sociedad justa e igualitaria.
El liderazgo de Arturo Hernández Cardona se forjó desde el compromiso y el acompañamiento permanente con los campesinos y colonos. Su vida se entendió siempre desde la organización de base. Formó parte del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y apoyó la lucha emprendida por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Hizo causa común con varias organizaciones sociales para exigir justicia por la matanza de Aguas Blancas y la masacre de El Charco. A pesar de las amenazas y las persecuciones, nunca se arredró ante el poder. Más allá de su militancia partidista, su identidad la labró con los movimientos sociales, con las luchas de los campesinos, los maestros, las maestras y los colonos.
La muerte de Arturo nos duele. Es una daga en el corazón de todos los guerrerenses que buscamos un mundo en donde no haya arriba ni haya abajo. Un mundo sin desprecio, sin despojo, sin explotación, sin represión: un mundo mejor. Siempre viviremos agradecidos por la solidaridad de Arturo con Tlachinollan en los momentos más difíciles que enfrentamos por las amenazas sufridas en mayo de 2012.
Por eso, las guerrerenses no aguantamos más tanta violencia contra quienes exigimos respeto, defendemos y ejercemos nuestros derechos humanos. Es por eso que decimos que un grito recorre las cañadas, las montañas, los valles y las costas de Guerrero, es el grito de la dignidad, de la fuerza, del coraje; el grito que le dice a los de arriba que ya no permitiremos más que nos sigan pisoteando.
Publicado el 10 de junio de 2013.
