I.- Que la Presidencia de la Republica y la Cancillería han anunciado
el restablecimiento de una reserva militar de la fuerza pública, y una
unidad de guarda-frontera con entrenamiento militar, como respuesta a
la ocupación de “Laguna Portillos” en la ribera sur de la
desembocadura del Río San Juan.
II.- Que como resultado de la ocupación nicaragüense del territorio
nacional, además de crearse un clima hostil en la opinión pública,
propicio al conflicto militar, se ha debatido la iniciativa de ciertos
sectores del Gobierno para proponer un impuesto para la defensa
nacional. Si bien por el momento, ha sido excluido de las reformas
fiscales como anunció el Vicepresidente Lieberman, en declaraciones
del Canciller Castro, podría alcanzar entre un 2 y un 4% del PIB.
III.- Que la Embajada de los Estados Unidos ha urgido ante la Asamblea
Legislativa la aprobación de los permisos para el ingreso a la zona
marítima y las aguas territoriales costarricenses de una cantidad
adicional de barcos artillados de la US NAVY, alegando el patrullaje
conjunto y la lucha contra el narcotráfico, en momentos en que está
presentada también la reforma constitucional para modificar el
Artículo 12 de la Constitución Política del país, que amenaza a la
interpretación vigente de la prohibición del ejército como institución
permanente.
IV.- Que la Presidenta de la República y el Ministerio de Seguridad
Pública han puesto en práctica nuevos programas de entrenamiento de la
policía nacional, con la reciente incorporación de asesores militares
adicionales y oficiales de los ejércitos de Estados Unidos, Israel y
Colombia, entre otros, al igual que expertos en inteligencia militar
en la Base de El Murciélago y el 10 de enero se desalojó “manu
militari” con violación de los derechos humanos de 35 familias de la
finca “Balastre” en la Teresa de Pococí, porque alli se construirá la
nueva sede de la Academia Nacional de Policía, con un financiamiento
del Banco Centroamericano de Integración Económica y el equipamiento
del Plan Mérida del Comando Sur de los Estados Unidos.
V.- Que se ha redoblado el envío de personal costarricense a múltiples
escuelas y academias militares, incluida la Academia Internacional de
Policía, que cuando Costa Rica la rechazó, fue establecida en El
Salvador, ( ILEA-SOUTH por sus siglas en inglés), y se nombró
Viceministro de Seguridad al recién egresado costarricense de Fort
Benning, Georgia, ahora llamada WHINSEC, la temida Escuela de las
Américas, que originariamente estuviera en Fort Gullick, Panamá.
POR TANTO SE ACUERDA:
PRIMERO:
Denunciar el inminente peligro de la militarización de Costa Rica y la
seria amenaza a
perder su status de país desarmado.
SEGUNDO:
Instar al Gobierno de la República y a los organismos competentes
nacionales e internacionales, para que se pronuncien y tomen medidas
para garantizar que el ejército no será restablecido en Costa Rica.
TERCERO:
Solicitar al Gobierno de Estados Unidos, al Presidente Barak Obama y a
la Secretaria del
Departamento de Estado Hilary Clinton, que se reconozca nuestra
neutralidad activa, perpetua y no armada, y que garanticen que no se
utilizarán ni las ayudas financieras, ni los convenios bilaterales ni
multilaterales para la militarización del único país en el mundo que
se desarmó unilateralmente.
CUARTO:
Propiciar el restablecimiento del diálogo con el pueblo y gobierno de
la hermana república
de Nicaragua, para que se suspenda de inmediato el Proyecto de
Canalización del Río San Juan, y sólo se reinicien los trabajos previo
acuerdo binacional que garantice la sostenibilidad ambiental, el
resarcimiento de los daños producidos, y el respeto a la conservación
de cuenca del río San Juan, bajo la supervisión de los convenios
internacionales de proteccion al ambiente y los derechos humanos
QUINTO:
Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas para la defensa
de los derechos humanos en Costa Rica, Centroamérica y el resto del
Continente para que se pronuncien en apoyo a esta campaña contra la
militarización, por la solución diplomática y no violenta de los
conflictos y el respeto a la neutralidad perpetúa, activa y no armada
de Costa Rica.
San José, 18 de febrero, 2011.-