Hace poco más de 4 meses que el golpista Pepe Lobo recibió el poder de manos del dictador Roberto Micheletti, sin someterse a un proceso democrático con garantías. Desde entonces se han registrado en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 707 denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
Según una representante de la organización defensora de los Derechos Humanos en Honduras, Mary Agurcia, estos atentados forman parte de la política del estado hondureño y son por motivos políticos. La activista expresó que en los años previos al golpe de estado, con Manuel Zelaya en la presidencia, se cometieron 50 violaciones de los Derechos Humanos fruto, no de la acción del poder ejecutivo como ahora, sino por una institucionalidad herencia de la dictadura. En cambio “las violaciones a derechos humanos se dan ahora por razones políticas, y ya no tanto por abuso de autoridad, en este momento [desde enero], las violaciones son tanto por abuso de autoridad como por razones políticas”, expresó la dirigente del COFADEH.
Estas declaraciones se dieron en un acto llamado “Derechos Humanos y Comisión de la Verdad” organizado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y celebrado en “la sede de Mujeres en la Artes (MUA), luego de que el titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, prohibió hacerlo en la Biblioteca Nacional”, según denuncias de la propia resistencia.
En esta jornada informativa el COFADEH hizo públicas las denuncias que han recibido desde que Pepe Lobo asumió el liderazgo de la dictadura. Estas denuncias suponen una pequeña parte del total de los atentados a los Derechos Humanos en Honduras, ya que están recogidas porque las víctimas denunciaron la situación, y en muchas ocasiones, el silencio se apodera de ellas.
“Asesinatos por razones políticas 12, casi dos al mes;
Periodistas asesinados 6;
Atentados contra personas, 2;
Amenazados a muerte, 63;
De esas amenazas, a defensores de derechos humanos, 56;
Intimidaciones y persecuciones, 76;
Agresiones sexuales, 2;
Detenciones, 53;
Torturas, 10;
Secuestros, 2;
Secuestros en su grado de tentativa, 4;
Detenciones ilegales, 58;
Allanamientos, 18;
Barrios y colonias objeto de cateos, 23;
Desplazamientos internos por reiteradas amenazas a muerte, 38;
Cambio de domicilio por seguridad, 34;
Exiliados por razones políticas, que no pueden retornar al país, 150;
Exiliados por razones políticas, en este periodo, 26;
Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que maneja el Cofadeh, 68;
Solicitudes de información de la CIDH por personas en grave peligro, 32;
Periodista amenazados, 15;
Periodista en el exilio, 3
Programas cerrados, 1;
Una radio comunitaria cerrada, 1;
Tres jueces y una magistrada de la Corte de Justicia han sido suspendidos por mostrar su rechazo al golpe de estado”.
