Los hechos registrados en las últimas horas del domingo 11 de julio en territorio panameño, dan muestra que el gobierno tiene como objetivo imponer una política contraria a la voluntad del pueblo a través de la nula consulta, la arbitrariedad, persecución y la represión a toda organización social, medio de comunicación y ciudadano que disienta con su plan gubernamental.
Privación de la libertad
300 miembros de FRENADESO fueron privados de libertad cuando participaban de una reunión en el Hotel Soloy en la ciudad de Panamá, sin cargo.
También hay órdenes de capturas contra dirigentes para:
*Juan Ramón Herrera y dirigencia de la Asociación de Educadores Veragüenses AEVE.
*Profesor Juan Jovené del Partido Alternativa Popular quién se declaró en huelga de hambre hasta el martes. Está en la colina de la Universidad de Panamá.
*Activita Yaritza Espinosa de nuestro Colectivo Voces Ecológicas, quién denuncia y responsabiliza al gobierno de Ricardo Martinelli y al Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino por cualquier tipo de agresión en contra de su libertad e integridad personal o que limite sus garantías constitucionales que como ciudadana de Panamá le son inherentes.
Represión y muertes
4 mil obreros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera que tiene una historia de cien años de luchas en su mayoría de origen indígena Ngöbé han resistido con el pueblo de Bocas del Toro la brutal represión de las unidades antidisturbios. El escenario ha dejado 12 muertos, más de 180 heridos y más de 111 personas detenidas pero la intransigencia de la Policía Nacional no ha permitido determinar la cantidad exacta de cadáveres, y solo mencionan dos personas. Haciéndose repetitivo esta falacia en algunos medios de comunicación.
Sin embargo, los hechos en Bocas del Toro, provincia donde se originó la huelga son de extrema gravedad en todas sus dimensiones, ya que las autoridades además de la violenta represión han expresado que los muertos mostraban signo de muerte por otro medio difewrentes a la represión, además de los irresponsables anuncios de las autoridades señalando a la dirigencia con adjetivos como maleantes, a la población protestante como iletrados por no conocer la Ley 30 (9 en 1 o de muerte) y ser utilizados por los sindicalistas. Actitud que ha hecho que el gobierno sea más repudiado por su discurso desgastado, falso y lleno de confusiones que algunos medios repetitivamente reafirman o que son controlados por la línea política de sus relaciones con el gobierno.
Barricadas por doquier, el arribo de indígenas de la montaña, medios alternativos y populares ha fortalecido los bloques antirepresivos de la policía que utilizando helicópteros, armamento como perdigones hasta armas AK y todo contingente de policía como transfronterizos no han podido con la fuerza del pueblo de la provincia de Bocas del Toro (fronteriza con Costa Rica en el litoral Caribe). Las calles son de la población que exigiendo justicia han dado muestra al gobierno que hay otras forma de gobernar, y a este clamor la participación de mujeres y niños en las distintas tareas contra la represión es una enseñanza en la urgente necesidad de prepararse ante gobiernos autoritarios.
La ciudad de Cahnguinola en Bocas del Toro está tomada por las fuerzas sociales que a pesar del toque de queda mantienen los frentes en vigilia, hasta tomar de rehenes a algunas unidades policiales, además de los refuerzo de los indígenas Naso que han salido a defender su tierra.
En todos los sectores del distrito (municipio) de Changuinola se han registrado enfrentamientos, entre los más fuertes están los dado en Finca 66, Finca 67, Finca 11, Finca, Finca 13 y van desde Finca 6 hasta los corregimientos de Guabito y las Tablas.
El Hospital de Changuinola y centros de salud no dan abasto para más heridos, a pesar que muchos heridos no asisten a el por represalias y detenciones que hace la policía.
También en otras provincias, como Veraguas con el Movimiento Social Veragüense, se sumaron a las acciones de protesta contra la Ley Chorizo y la ley carcelazo, ellas y ellos marcharon por las calles cortando la Avenida Central en la ciudad de Santiago. Así como diferentes organizaciones de trabajadores, ambientalistas, docentes y universitarios en la Ciudad de Panamá cerraron la Vía España, frente a la Iglesia del Carmen, en apoyo de los indígenas reprimidos. Unas 200 personas se concentraron en la Vía España y luego caminaron hasta el Parque Andrés Bello en Vía Argentina, donde realizaron una vigilia en solidaridad con los bocatoreños.
Por otro lado la Universidad de Panamá fue cerrada por orden del Consejo Académico desde el pasado jueves, debido a situación que vive el país, mientras que universitarios cerraron la Vía Transístmica y se enfrentaron con piedras a miembros del “Control de Multitudes” de la Policía Nacional. En los enfrentamientos, 151 estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios que se unieron a la protesta estudiantil fueron detenidos y llevados a la sede policial de Bethania. Las unidades lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones a los estudiantes.
Libertad de expresión
El viernes 9 de julio, medios y periodistas de información realizaron una protesta en las escalinatas de la Corte de Suprema de Justicia, quienes exigían libertad para Carlos Núñez reclutado en la cárcel de El Renacer, además de la inaccesibilidad de la información que motivaron al periodista Paco Gómez Nadal ser ahora ilegal en Panamá, según un comunicado del Servicio Nacional de Migración, la detención arbitraria a camarógrafos y presiones a algunos medios de comunicación. Estos fueron atendidos en horas de la mañana por los magistrados de dicho órgano de justicia.
En este mismo orden, el pasado sábado 10, se realizó el Festival por la Libertad de Expresión que contó con la presencia de decenas de personas, artistas y medios de comunicación a nivel nacional en Ciudad de Panamá. Una muestra más de repudio a la violación de tan vital ejercicio de los derechos humanos.
Entre las peticiones a este ejercicio solicitado por organizaciones sociales a las autoridades nacionales están:
*Que aclaren de inmediato la situación legal de Paco Gómez Nadal, permitiéndole realizar su trabajo y entrar y salir del país sin cortapisas.
*Que se comprometan públicamente a permitir el trabajo de periodistas y activistas garantizando el derecho a la libre expresión.
*Que la justicia deslinde responsabilidades de los funcionarios involucrados en este caso y en el resto de hechos de hostigamiento que han reportado los medios de comunicación nacionales en los últimos meses.
*Que se establezcan las medidas de protección adecuadas para este y otros líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en el país.
Y solicitudes a las organizaciones nacionales e internacionales:
*Que vigilen la situación de Derechos Humanos en Panamá.
*Que acompañen los procesos de la sociedad civil y denuncien los hechos que coartan el libre ejercicio de la ciudadanía plena y de los derechos humanos en Panamá.
*Que medien ante el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad e integridad de las personas amenazadas u hostigadas debido a su labor en defensa del sistema democrático.
Iglesia Episcopal y derechos humanos
La violación de los Derechos Humanos es sistemática, no se permite dar atención médica a los obreros detenidos en la estación policial de Changuinola. Hay escasez de alimentos y aislamiento total de la población civil especialmente niños sin atención médica y expuesta a gases lacrimógenos. Pero organizaciones sociales en la capital están organizando una Misión Humanitaria que pueda documentar los hechos y verificar la situación de Derechos Humanos. Además se ha informado que la Policía Nacional intervino la mayoría de puntos de acceso a internet públicos de Changuinola, que eran los únicos canales de información independiente.
Mientras, la Conferencia Episcopal Panameña también se pronunció para pedir respeto al valor supremo de la vida. Los representantes de la Iglesia católica dejaron constancia de su disposición para colaborar “desde el ámbito de nuestras competencias”, a fin de devolver la tranquilidad.
La representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, Carmen Rosa Villa señaló en el comunicado que “de conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional”.
La población esta solicitando ayuda médica, la Cruz Roja y de Observadores de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales.
Negociaciones y la huelga va…
La lucha se centra en que suspendan los efectos de la Ley 30, y que se de una mayor consulta sobre los diferentes temas que fueron incluidos en la ley. Además que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, vaya a Bocas del Toro a atender el problema. También los dirigentes tradicionales de la comarca Ngöbé Büglé exigen inmediata derogatoria del Decreto 577, que modificación el Decreto de la Carta Orgánica Ngöbé Büglé atentado contra el territorio y la autonomía del pueblo y el medio ambiente.
Sin embargo, el gobierno trata de mitigar las consecuencias de la huelga firmando el decreto ejecutivo que reglamenta el proceso de pago voluntario de cuotas sindicales que busca velar por la debida aplicación de las disposiciones del Código de Trabajo, y lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Ley 30 del 16 de junio de 2010 que reconoce este derecho. En ese sentido, el Decreto Ejecutivo No. 193 del 9 de julio de 2010 establece que con la entrada en vigencia de la Ley 30 se mantiene la disposición de que los empleadores están obligados a descontar del salario de sus trabajadores la cuota sindical respectiva.
Y uno de los detonantes a esta crisis agravándola más fue que el presidente Ricardo Martinelli propuso a su colega hondureño Porfirio Lobo enviar a Panamá 5 mil obreros hondureños de la construcción. Ante lo cual Lobo se expresó complacido con la posibilidad de que vayan a trabajar en la industria de la construcción en Panamá con todos los beneficios sociales.
Pero, el reciente anuncio del gobierno en los medios de comunicación, en relación a la existencia de un acuerdo con los sindicalistas para la finalización de la huelga en la provincia de Bocas del Toro por la derogación de la ley Chorizo, se aclarará que la firma por parte de un dirigente de uno de los sindicatos en huelga, no refleja el ánimo ni satisface los objetivos de los manifestantes, y la utilización propagandística del mencionado acuerdo por el gobierno de Ricardo Martinelli es una táctica para confundir, dividir y tratar de desmovilizar algunos sectores con poca claridad en la lucha ante el llamado a una huelga nacional por la derogación de la Ley 30.
Para el del martes 13 de julio, CONUSI, FRENADESO, ULIP y CONATO convocan a una Huelga General.
Más información:
http://leydemuerte.blogspot.com/2010/07/bases-de-resistencia-bocatorena-en.html
