El pasado 7 de enero fueron desalojadas las familias campesinas que se encuentran ocupando la finca El Aguacate en Liberia, en la provincia de Guanacaste.
Se trata de una finca de 800 hectáreas que ha estado en abandono por 40 años. Ante la necesidad de cultivar la tierra para sobrevivir, unas 300 personas entraron a la
finca, construyeron ranchos y empezaron a sembrar.
Pero en este sistema de injusticia, lo primero no es la necesidad de la gente humilde. Lo que está en primer lugar es el llamado “derecho a la propiedad”. Este “Derecho a la propiedad” supuestamente lo tiene una tal familia Baltodano Cortés y por eso han mandado a destruir los cultivos que las familias han sembrado en el
terreno.
Estos terratenientes en realidad sólo tienen inscritas a su nombre 69 de las 800 hectáreas de la finca. Pero eso no les importa a las autoridades que siempre están
dispuestas a defender los intereses de los de arriba y pisoteando a los de abajo.
El desalojo fue realizado con un un helicóptero de la Fuerza Pública, dos autobuses de la Unidad de Intervención Policial (UIP), así como más de 16 patrullas y con la presencia de agentes de seguridad privada contratados por los terratenientes.
Escuchemos las palabras de Carlos Coronado, del Movimiento por la Reforma Agraria.
Gente desempleada que está tratando de conseguir lo mínimo para la subsistencia. Esa es la condición de las personas que fueron desalojadas el pasado 7 de enero
de la finca El Aguacate en Liberia, en la provincia de Guanacaste.
Carlos Coronado, del Movimiento por la Reforma Agraria nos comenta ahora acerca de cómo está el proceso legal sobre la finca de la que fueron desalojados 300 campesinos y campesinas el 7 de enero y nos da un mensaje sobre continuar la lucha por la tierra y por los derechos.
